El Valedor do Pobo obtiene de la Xunta de Galicia el compromiso de proteger a las familias gallegas ante la «previsible» alza de los precios de la electricidad.
El Valedor archiva la queja de oficio en la que instó a la Consellería de Economía e Industria a hacer balance sobre la aplicación de la facturación estimada del consumo eléctrico en la comunidad y su regularización mediante lecturas reales. Las dos instituciones están de acuerdo en las medidas a activar ante las administraciones central y autonómica.
El Valedor do Pobo, Benigno López González, decidió archivar la queja de oficio abierta el pasado mes de mayo para conocer, de boca de la Consellería de Economía e Industria, las actuaciones desarrolladas para «acabar con los excesos» derivados de la tarificación eléctrica estimada y que afectan a las familias gallegas.
Tras diversas comunicaciones, las dos instituciones muestran su acuerdo sobre las medidas a adoptar ante el el gobierno autonómico y la administración central. La actuación del defensor permitió, por otra parte, obtener del departamento de la Xunta el compromiso de seguir protegiendo al consumidor ante una previsible alza de los precios de la electricidad en próximas fechas.
Entre las medidas que el Valedor do Pobo sugiere que desarrolle la Xunta ante el gobierno central destacan la necesidad de reconvocar la Conferencia Sectorial de Consumo para debatir a fondo los cambios operados en las tarifas social, de último recurso y de discriminación horaria; o la de promover recurso de alzada contra la Resolución de 24 de mayo de 2001 por entender que «no resuelve, en la materia de lecturas estimadas de consumo, los inconvenientes derivados del actual sistema de facturación mensual», indica.
Por otra parte, Benigno López González ve prioritario acortar el plazo establecido hasta el 1 de enero de 2014 para poner en funcionamiento los contadores de luz digitales y hacer que «la telegestión por parte de las compañías eléctricas sea una realidad lo antes posible».
Según el defensor, la Xunta debería también participar en la tramitación del anteproyecto de ley para adecuar la legislación española a las directivas comunitarias de gas y electricidad y mejorar la regulación relacionada con los derechos del consumidor «incluyendo aspectos como la figura del suministro de último recurso, las funciones de las oficinas de consumidores, la definición de los clientes vulnerables, la revisión normativa sobre el abastecimiento y la implementación del contacto único para la tramitación de quejas de los usuarios».
Deberes para la administración autonómica
El Valedor do Pobo, por otra parte, pone deberes a la administración autonómica para la mejor defensa de los intereses de la ciudadanía y apoya, entre otras cuestiones, el desarrollo de medidas que hagan comprensible a los usuarios los cambios operados en las tarifas eléctricas y la elaboración de un modelo de factura que entiendan todos los consumidores.
Estas actuaciones tendrían que completarse, a juicio de Benigno López González, con visitas de inspección a las empresas suministradoras con apertura de expedientes sancionadores, de ser el caso; la mejora de las oficinas de atención al consumidor sobre estas cuestiones, e incluso el control de la publicidad y la reducción del plazo para cambiar los contratos con las compañías eléctricas que, según indica el Valedor «en algunos supuestos provocan unas esperas de 12 meses cuando a CNE reclama y apoya la fijación de un plazo no superior a 3 semanas para hacerlo efectivo».
Archivo de la queja
El pasado lunes, el Valedor remitió un nuevo escrito a la consellería en el que le informa de la conclusión de la investigación de oficio abierta el pasado mes de mayo con el objeto de conocer las disfunciones provocadas por la aplicación de la tarifa estimada por parte de las empresas de suministro eléctrico a las familias gallegas. En el mismo agradece la colaboración dispensada por este departamento de la Xunta al haber analizado y aceptar cada una de las medidas consignadas al respecto por la defensoría y comprometerse a «desarrollar una actividad de carácter ejemplar para la protección de las personas consumidoras por lo que, en próximas fechas y ante la previsible alza de los precios de la electricidad, se continuarán desarrollando actuaciones en este campo».
Quejas tramitadas
Desde la entrada en vigor de la facturación eléctrica mensual, el 1 de noviembre de 2008 , que supuso la aplicación de estimaciones de consumo en los suministros de energía social y doméstica, el Valedor recibió más de medio centenar de quejas en las que los afectados mostraban principalmente su disconformidad para con cuatro aspectos. En primer lugar, hacían referencia a cálculos erróneos en la factura estimada que, según el defensor llegaban a superar «en más de 100 euros a cifra real de consumo».
Otra de las quejas recurrentes tenía que ver con la facturación a lo largo de varios meses por consumos no contratados como consecuencia del cambio de tarifa de discriminación horaria. Tal y como informó Benigno López al conselleiro, no menos habituales resultaron las reclamaciones sobre las facturaciones descompensadas entre la vivienda habitual y la segunda vivienda, al carecer de un factor de reducción anual; y tampoco, en último lugar, las diferencias entre la factura real y la estimada, que, en algunos casos, obligaron al usuario al pago por anticipado de un consumo real posterior.
FUENTE: Valedor do Pobo Galego