El Valedor desarrolló en 2012 un total de 6786 actuaciones de atención al ciudadano que incluyen expedientes, visitas y consultas telefónicas. La queja gana peso en el conjunto al llegar a las históricas 2782 tramitaciones. Los abusos de la banca, las preferentes y los desahucios marcaron la agenda del Valedor en el 2012 y dispararon las quejas de las áreas económica y social.
El Valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández Rodríguez, entregó esta mañana a Pilar Rojo, presidenta del Parlamento de Galicia su Informe Ordiario 2012, en un acto celebrado en el Pazo del Hórreo. A continuación presentó los resultados de su gestión ante los medios de comunicación en la sede de la defensoría. Las actuaciones relacionadas con el servicio de atención a la ciudadanía y el control de las administraciones desplegadas en el 2012 por el defensor de los gallegos fueron 6786 entre consultas telefónicas, visitas, y expedientes tramitados. La queja gana peso en el conjunto de las acciones desarrolladas al conseguir la cifra histórica de 2782 tramitaciones. Un total de 2746 fueron promovidas por iniciativa de los ciudadanos y 36, el doble que el año pasado, de oficio a instancia de la propia institución.
Por primera vez la institución hace recuento de todas las gestiones de atención ciudadana realizadas. Numerosas fueron las personas que se dirigieron a nosotros en demanda de asesoramiento, apoyo o para solicitar tareas de mediación.
Es de destacar que en el año 2012 sometido la repaso, la queja formal ganó peso en relación la otros expedientes tramitados como consultas por escrito o asuntos de diversa naturaleza llegados a la institución. De hecho se registró el mayor número de reclamaciones de la historia de la defensoría en esta anualidad, al llegar a las 2782 quejas, catorce más que el año anterior y 386 por encima de las registradas en 2010.
El eje de actuación prioritaria del Valedor do Pobo en 2012 consistió en intentar paliar los efectos de esta crisis, sobre todo en el que respecta a los más desfavorecidos e indefensos, que deben situarse en la primera línea de la protección social y jurídica. Así, se redoblaron esfuerzos para situarse al largo de 2012, en todos los ámbitos, lo más cerca posible de la ciudadanía a fin de hacer así más eficaz a función de tutela que tiene asignada esta institución.
De este modo el Valedor do Pobo se reunió con colectivos especialmente vapuleados por la crisis y entidades del Tercer Sector con el fin de ofrecerles ayuda sincera. A modo de ejemplo podemos citar Down Galicia, Proyecto Vagalume de atención a mujeres prostitutas, Cáritas (de toda Galicia), Feafes Galicia (trabaja con la enfermedad mental), Aspanaes (actúa sobre el trastorno del espectro autista), Stop Desahucios, profesionales del servicio de urgencias sanitarias. En 2013 se mantiene una agenda intensa de contacto con la realidad por medios de entidades como colegios de abogados, ADEGA, Cruz Roja, Familias Acogedoras, Secretariado Gitano, Movemento polos Dereitos Civis, etc.
Es el momento de potenciar y dotar de verdadera efectividad a los derechos sociales más básicos. La labor que realizan esas organizaciones es fundamental en la materialización de la justicia real y efectiva.
Quejas de oficio
Fruto de estos contactos y de informaciones facilitadas a la institución por parte de los afectados, se incrementó la actividad de oficio desarrollada. De hecho durante el 2012 se duplicaron las actuaciones promovidas a iniciativa del Valedor para investigar situaciones a priori injustas para los ciudadanos.
En este caso el Valedor intervino con insistencia en cuestiones relacionadas con los ruidos, con el empleo de las tecnologías, con la protección de los menores y con el medio ambiente. Destacó la especial sensibilidad que la defensoría mantuvo ante la gravedad de la situación que atraviesan, en primer término los gallegos que adquirieron productos tóxicos (preferentes y subordinadas) en las entidades financieras y, en segundo, aquellos que llegaron a vivir con desesperación como eran privados de su vivienda habitual después de no poder hacer frente sus deudas hipotecarias e iniciarse la correspondiente ejecución.
Áreas de queja
La crisis, no obstante, también estuvo detrás de muchas de las situaciones que los gallegos denunciaron ante el alto comisionado parlamentario por medio de las quejas individuales. Disfuncionalidades en la concesión de prestaciones, en el reparto de recursos y en el desarrollo de políticas públicas alimentaron las reclamaciones relacionadas con materias como los servicios sociales, administración económica y el empleo.
Si nos fijamos en las quejas presentadas sobre asuntos diferentes las áreas con más número son servicios sociales con 253 (12,66 %), administración económica y transportes, con 252 (12,61 %) y empleo público e interior con 216 (10,81 %).
Vivimos tiempos agitados, en los que la crisis afecta la un relevante número de familias y personas. En el año 2012 se produjo un aumento en las solicitudes de ayudas sociales, en concreto, un incremento en las peticiones de Rentas de Integración Social de Galicia (RISGA) o de Ayudas de Emergencia Social.
Actuaciones relevantes. Desahucios
El derecho a la vivienda digna constituye un derecho que cubre una necesidad básica del ser humano, indispensable para garantizar su intimidad, su vida familiar y la igualdad real y efectiva. Con la crisis encontramos un conjunto de personas y familias que ven en peligro ese principio básico de ciudadanía y no precisamente por su culpa. La figura de la ejecución hipotecaria aparece en estas condiciones de vulnerabilidad como una respuesta insatisfactoria e injusta.
El Valedor do Pobo constató con sus actuaciones y conocimiento de los casos, que las propias entidades bancarias actuaron imprudentemente en la concesión de créditos hipotecarios, sobrevaloraron la capacidad de endedamiento de los compradores de vivienda y los llevaron la esta situación.
Desde la institución se tomó conciencia de este problema y desde el primer momento iniciamos un conjunto de actuaciones para proteger a los más débiles. Se abrieron varias investigaciones de oficio y decenas de quejas individuales a instancia de parte.
En una primera fase se recogieron datos concretos en diversas entidades implicadas en la problemática. Se celebraron reuniones con representantes de la plataforma de Stop Desahucios de toda Galicia, y con otras organizaciones como Cáritas.
En segundo término, la institución comprobó que los servicios sociales autonómicos y locales están preparados para cubrir las necesidades urgentes que puedan surgir en este ámbito.
En una tercera fase, hicimos labor de mediación con las entidades bancarias para que flexibilicen y reconsideren sus posturas. Algunos entes financieros mostraron reticencias, que con el paso de las semanas fueron desapareciendo. Fruto de este trabajo el Valedor do Pobo consiguió paralizar las ejecuciones.
En cuarto lugar, se produjeron contactos con el Presidente del Consello da Avogacía Galega y con algunos colegios de abogados para coordinar y comentar con ellos el apoyo jurídico que están dispensando a los afectados.
Por último, el Valedor do Pobo actuó ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo para conocer los distintos aspectos del programa de realojamento aprobado por la Xunta de Galicia.
Toda esta labor fue sin duda eficaz. En decenas de casos se consiguió ayudar verdaderamente a los afectados. En la actualidad a institución mantiene abierta una línea de teléfono 24 horas para asistir a los afectados por execucións hipotecarias: el 981 571 900.
Productos bancarios tóxicos
Ante la gravedad de este problema el Valedor abrió en 2012 una queja de oficio, llegando posteriormente un elevado número de reclamacións individuales. Se trata de un asunto de relevante repercusión social, que viene acompañado de la sensación sociológica de un exceso de protección de la banca y un déficit de protección del consumidor, en la mayoría de los casos engañado en la adquisición de tales productos.
Es evidente que la actuación en su momento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y del Ministerio de Economía fue nefasta para proteger a la ciudadanía de los abusos de las entidades financieras, y así lo deja patente el Informe del Valedor.
La defensoría interviu ante el Instituto Galego de Consumo y solicitó colaboración a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También se dio información y asesoramento la múltiples afectados.
La posición de esta Institución es clara y reflejada ya en diversas resoluciones: las personas que fueron informadas deficientemente y los clientes con una tipología no idónea para tales productos deben recibir de inmediato la devolución de todo el invertido (sea por la vía de la arbitraje, sea por la vía judicial).
También se estableció contacto con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la demanda civil que prepara. El Valedor considera que debe de analizarse la vía penal para castigar a los responsables de estos engaños en las entidades bancarias, algo que ya dio conocer con motivo de una reciente resolución.
FUENTE: Valedor do Pobo Galego