El próximo mes de enero se cumple un año desde que la Defensoría del Pueblo de la Provincia instó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que cumpla con la carga impuesta por la Ley Federal Nº 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, siempre y cuando las mismas contaran con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.
Fue, precisamente, a comienzos del año anterior, que el Organismo de la Constitución, remarcó el error técnico que implicaba declarar la emergencia sobre territorios tradicionalmente ocupado por las comunidades indígenas originarias de la Provincia, sin tenerse noción de cuales eran dichos territorios y dejándose librado al INAI, la responsabilidad de realizar la mensura correspondiente. El instrumento legal citado, data del mes de noviembre del año 2.006 y a tres años de su sanción, el Organismo de la Constitución Provincial, consideraba y sigue considerando como una inconsecuencia que el Instituto Nacional aún no haya realizado la pertinente labor de medición y constatación de los territorios ocupados por los pueblos originarios, lo cual, se habría advertido en su momento, sería causa generadora de conflictos.
En el caso de nuestra provincia, la Ley Provincial Integral del Aborigen, Nº 426, fue una norma pionera, por la que Formosa, fue sino la primera provincia en reconocer no solo la posesión, sino la propiedad de la tierra a las comunidades indígenas, por lo que no se comprende a los que afirman que en nuestra Provincia existe mal manejo en torno a la propiedad de las tierras comunitarias de los pueblos originarios, pues el 99,8% de las comunidades indígenas poseen tierras mensuradas y con títulos de propiedad. Los Qom poseen 60.412 hectáreas, los Pilagás 28.897 hectáreas y los Wichís, la etnia más numerosa, 184.508 hectáreas, todas con título de propiedad. En lo que respecta a la Colonia La Primavera, en particular, obran documentos por ante el Instituto de Tierras Fiscales de la Provincia, que dan cuenta que dicha comunidad ha reconocido, históricamente, la existencia de mejoras realizadas por criollos, la familia Celía, ya en el año 1.940, en el cual se suscribió un convenio con el Instituto Provincial por el que aquellos pobladores aceptaban dicha posesión, a cambio del acceso que, actualmente poseen a la Laguna Blanca, pues las más de 5 mil hectáreas que iban a serles titularizadas no tenían contacto con dicho espejo de agua y ellos así lo solicitaron y obtuvieron, en su momento, ello consta en planos que datan de la época.
Desde la Defensoría del Pueblo, estando próxima a transcurrido más de doce meses de la instancia formalmente realizada al INAI y aún no existiendo la pertinente mensura, la cual, de suyo, en todos los distritos provinciales la realizan los organismos locales, con estricta asistencia del Instituto Nacional, consideran perentorio que el área federal cumpla lo más pronto con su cometido, cosa que señalaron, en su momento, y vuelven a remarcar, estiman significará el fin de todo tipo de diferencias que pudieran llegar a existir, en la actualidad, entre particulares y la comunidad de La Primavera, en torno a la posesión de la tierra
FUENTE: Defensoría del Pueblo de Formosa, Argentina.