El Área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, solicitó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Julio Cesar Alak, que, el exjefe de la junta militar, el represor Jorge Rafael Videla, sea sometido al sistema carcelario común, dado que, hasta el momento, se halla recluido en la prisión de Campo de Mayo, gozando, por ello, de un régimen más beneficioso que otros condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el país durante la última dictadura militar.
«No se entienden los mezquinos privilegios que, en el cumplimento de su condena, tiene Videla, expresó José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de la Provincia.
Como es que esta persona, no recibe el trato de un preso común, cargando sobre sus espaldas con dos cadenas perpetuas, una condena por apropiación ilegítima de bebes y ahora, además, reconociendo, abiertamente, haber dado la orden de ocultamiento de cadáveres, productos de un plan de exterminio que, sino ordenó, conoció en detalle, como máxima autoridad de facto en la época del que podemos llamar «proceso de desorganización institucional de la nación», el cual terminó costando la vida de más de 30.000 argentinos, hijos, hermanos, padres, amigos, vecinos, respecto de los cuales Videla y otros trasnochados genocidas, indignos de los uniformes que portaban y de las investiduras que se autoatribuían, habían ordenado y ejecutado, en propias palabras del exdictador, su «disposición final», como si se trataran de cosas que se descartan.
El Área de Derechos Humanos de la Defensoría, solicitó asimismo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la mayor de las garantías para la persona y familiares del exconscripto Jorge Juan Carlos Ayala.
Es preciso, remarcó Gialluca, que las señales de las instituciones sean claras, no puede ser que, a más 36 años del comienzo de la dictadura, un testigo del fusilamiento de doce personas, ocurrido en mayo del 77, que reconoció, entre ellas, a dos comprovincianos y que está dispuesto a declarar ante la Justicia, se halle bajo cobarde amenaza.
El estado nacional debe poner todos los recursos con que cuente para que, Jorge Ayala y su familia reciban toda la protección posible y es más, debe investigarse el origen de las amenazas, a fin de llevar a juicio también a sus responsables.
En esto no hay que ser tibios, finalizó diciendo el funcionario, por eso reclamamos expresamente a nuestras autoridades nacionales las mayores garantías para Jorge Juan Carlos Ayala y en el otro extremo para Jorge Rafael Videla, que termine sus días en una cárcel común sin privilegios de ninguna clase.-«
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa