El- Área de Derechos Humanos y Protección a Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, remitió una formal solicitud a los representantes provinciales ante el Senado de la Nación, a efectos de que se preste apoyo al proyecto de ley que, de ser sancionado y promulgado, permitirá a cualquier persona que tenga conocimiento de algún caso o tipo de violencia de género en una pareja, incluso los menores que integren el grupo familiar, denunciar la situación ante la Justicia.
El proyecto, estatuye que la denuncia pueda ser recibida por cualquier Juez o Tribunal, el que, luego, deberá derivarla al magistrado con competencia, según los hechos y otros elementos. Asimismo, está en estudio en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
Respecto de estos tópicos, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, expresó: «Formosa, desde hace casi una década, se encuentra, normativamente por delante que el resto de alguna de sus pares e incluso que la legislación nacional sobre estas temáticas.
En nuestra Provincia, tenemos una ley de violencia que habilita la intervención de los agentes públicos, dependientes del Ministerio de la Comunidad de la Provincia, quienes ante la denuncia, que puede formularse de manera anónima a la línea telefónica 102, deben intervenir para investigar con el fin de tutelar a la víctima de violencia, de toda clase, no solo la de género, sino de cualquier tipo de violencia familiar que pueda ser constatada y efectuar la denuncia ante el Tribunal de Familia y la Justicia Ordinaria a fin de que se adopten las medidas tuitivas de las víctimas y sancionatorias a los agresores.
También existe la Oficina de Violencia Intrafamiliar que depende, en forma directa del Presidente del Excelentísimo Tribunal de Familia y tiene a su cargo recibir las denuncias de los afectados por hechos de violencia intrafamiliar y otras más.
Con relación al Registro de Deudores Alimentarios, el funcionario remarcó que la Defensoría del Pueblo es la que lleva adelante dicho registro y en él se inscriben, a pedido de la representación del acreedor alimentario insatisfecho, por orden del Juez de Familia, todas aquellas personas que tengan una condena a pagar alimentos e incumplan la misma. El Organismo de la Constitución, no es el que moviliza las inscripciones, solamente las asienta en el registro que lleva, conforme a la orden judicial que recibe, la cual, se cumple de manera automática.
Como expresara, finalizó diciendo el funcionario, en ambos casos estamos varios pasos delante de la propuesta del Senado, pero ello no es óbice para apoyar que la amplitud para la denuncia de violencia familiar y el Registro de Deudores Alimentarios, sean institutos que se generalicen en todas los distritos del país, independientemente que sean federales o provinciales, pues ambos tienden al noble fin de proteger y evitar daños irreparables a las personas que integran un grupo familiar y se hallan en inferioridad de condiciones.-«
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa