También se requirió que se investigue desde donde provienen las amenazas y quienes las efectúan para que sean debidamente procesados y castigados.
El Defensor del Pueblo interpuso ante la Justicia Federal, en el expediente Nº 340 – año 2012- caratulado «Actuaciones relacionadas con el expediente Nº 200/06 Carrillo Fausto Augusto s/ desaparición forzada», que se tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Marco Bruno Quintero, Secretaria Penal de Turno, una petición de medida de protección de testigos para que se ordenen ,con carácter urgente, las medidas de hecho y de derecho que tengan por objeto proteger la integridad psicofísica del ciudadano Jorge Juan Carlos Ayala, como asimismo para todo su grupo y entorno familiar.
Desde el -Área de Derechos Humanos- de la Defensoría del Pueblo se peticiono tal protección en atención a que el citado ciudadano fue testigo, en su momento, del fusilamiento de personas en la jurisdicción de la Provincia de Formosa, y en donde en la actualidad ha sido amenazado personalmente como así también toda su familia, teniéndose en cuenta que la semana pasada en horas de la mañana, su hija y su núcleo familiar fueran amenazados de muerte, a través de una nota escrita contenida en un sobre, formada con recortes de letras de diarios que encontraron en la puerta de su domicilio particular, sito en el Bº 1 de Mayo de la Ciudad de Clorinda.
Dicha petición ya había sido instada oportunamente, por el Ombudsman Provincial al Sr. Ministro de Justicia y de Derechos Humanos de Nación, Dr. Julio Cesar Alak, peticionándosele «la mayor de las garantías para la persona y familiares del ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala quien al aseverar estar dispuesto a aportar datos relevantes sobre -formoseños desaparecidos- en la época del proceso militar fuera amenazado». Remarcando el Defensor, «es preciso que las señales de las instituciones sean claras; el Estado Nacional y la justicia deben poner todos los recursos con los que cuenten para que el testigo y su familia reciban la protección posible y debe investigarse ineludiblemente el origen de las amenazas, a fin de llevar a juicio también a sus responsables».
En la Argentina, desde hace 5 años, cuando se reanudaron los procesos por los crímenes cometidos por la dictadura, se sucedieron las amenazas e intimidaciones contra querellantes, funcionarios y especialmente testigos, como Jorge Julio López, de quien no se conoce su paradero desde que desapareció en el 2006, poco después de declarar contra un represor.
La Defensoría del Pueblo a través de su Area de Derechos Humanos reclamó una política pública y estrategia integral de los tres poderes del Estado Nacional y Provinciales de la Argentina contra la impunidad.
Esto se expresó no es únicamente un problema de protección a testigos, se deben acelerar los juicios, unificar causas e impedir maniobras o «chicanas jurídicas», implementadas para retrasar o empantanar estos procesos. Como muestra de la fallas en el control se menciona el caso del Prefecto Héctor Febres, acusado y quien muriera envenenado en prisión en el 2008 y el del Tte. Crnel. Julián Corres que se fugó en el 2009 del lugar de su detención.
Por ello es que la necesidad demanda que se esclarezcan las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos, frente a estos atropellos, hubo un solo caso de arresto por intimidaciones en el 2009 y se trató de Luis Gil, un ex policía y represor de la Provincia de Santa Fe que envió correo electrónicos con amenazas a testigos, querellantes y funcionarios, a los que advertía que serían ejecutados de persistir con los juicios.
En esta línea de razonamiento y atendiendo las graves amenazas que se viene produciendo es que se le requirió al Juez interviniente garantizar la integridad psicofísica del señor Jorge Juan Carlos Ayala y la de toda su familia, quienes residen, por ahora, en la ciudad de Clorinda.
Asimismo la Defensoría del Pueblo que tiene como uno de sus principales objetivos la defensa y protección integral de los derechos humanos, observando y acatando lo dispuesto expresamente en los Tratados Internacionales, nuestra Carta Magna Nacional y Provincial, Leyes de la Nación y demás normas, condena las amenazas dirigidas a la persona y a la familia del Sr. Ayala, repudiando estos cobardes actos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa