La medida significa una decisión de «Política de Estado» que favorece a los consumidores y va en contra de las políticas neoliberales que priorizan únicamente las ganancias y no una economía equitativa y sustentable para todos los argentinos, que es el objetivo que se persigue.
Al anunciar la Presidenta de la Nación por Cadena Nacional la expropiación de YPF, se produjeron diferentes y lógicas reacciones en diversos sectores. Todas las posturas hasta el día de la fecha, tienen un «interés que defienden» por distintos motivos.
Desde el -Área de Defensa al Usuario y el Consumidor -de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se dejo bien en claro que, no existe ni una estatización menos aun una confiscación, sobre todo cuando muchos están preocupados por saber cuál es el monto de la compra o del criterio que se tomara para hacer las liquidaciones correspondientes a los accionistas.
Lo que sí, no está sujeto a discusión es que esta medida implica un acto de «política de Estado», mediante la cual se recupera la Soberanía Energética para nuestro País. Esto no constituye una retorica, pues la decisión pone en manos del Estado y por ende de todos los usuarios y consumidores, la toma de decisiones respecto de la más importante empresa hidrocarburífera argentina.
Entre esta postura y lo que venía sucediendo con YPF, no es menos cierto también, que se requiere y se necesita una fuerte autocritica, puesto que la merma en la producción de petróleo y de gas natural, no se inicio ayer. En la actualidad YPF, produce apenas un tercio del petróleo que se explota en la Argentina y apenas un 25% del gas natural, y es conocido por todos que nuestra producción petrolera está en franco retroceso desde el año 1998 y también todos sabemos que el retroceso en la producción de gas natural, con disminuciones en las reservas de ambos productos, se relacionan inexorablemente con la falta de inversiones exploratorias que los empresarios privados dejaron de realizar desde hace largo tiempo.
Será entonces relevante el trabajo que deba llevar adelante la Nación en la cabeza del actual Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido y las provincias productoras de petróleo, para que el futuro a mediano y largo plazo en materia de hidrocarburos en nuestro País sea sustentable. Va de suyo que el Estado solo no podrá hacer todo y para ello es necesario atraer las inversiones correspondientes, pero ya dentro de una política de hidrocarburos nacional que beneficie a todos los argentinos, y no dentro de una política que solo tenga por objetivo el lucro.
Las otras posturas, en cuanto a porque no se adopto antes una decisión de estas características, al día de hoy no tienen ningún sentido planteárselas, como tampoco debemos los argentinos y todos los que vivimos en esta tierra «gastar energías para contestar o revertir las posturas de la Comisión Europea, que aseguran que la expropiación de YPF – dañara el ambiente de negocios en nuestro País-«.
Lo único verdadero y real es que el Gobierno Nacional y Soberano ha tomado una decisión que es la de expropiar el 51% de las acciones de YPF y la Intervención de la empresa, no somos los consumidores argentinos los que debemos pedir disculpas o ser blanco de políticas negativas por parte de la empresa española Repsol; en definitiva con mucha responsabilidad y participación ciudadana, como un Organismo de la Constitución que representa a la universalidad de los consumidores, depositamos nuestro voto de confianza en esta decisión política, pedimos asimismo control, fiscalización y responsabilidad por parte de todas las áreas competentes y evitar recrear situaciones que en el pasado están hoy produciendo daños en nuestra economía, por lo cual el autoabastecimiento de hidrocarburos, su explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización de los mismos nos permite mirar a un País Federal con mayor certidumbre.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa