La Defensoría denunció que la creciente importación de energía, y responsabilidad única de la empresa española, fue una de las razones para tomar esta medida, que no es ni confiscatoria y menos aun discriminatoria.
Analizado que fuera el Proyecto de Ley que presentó en el día de ayer la Presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner, en relación a la expropiación de YPF, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, expreso que el objetivo principal del mismo es devolver el autoabastecimiento de hidrocarburos a la Argentina.
Esto se alcanza únicamente con Soberanía hidrocarburifera y con la declaración de utilidad pública que contempla el citado proyecto.
De esta manera se cumple con el artículo 5 del Tratado Bilateral de Inversiones que los españoles firmaron en 1992, en donde se detalla que cualquier expropiación, podrá llevarse adelante exclusivamente por causas de utilidad pública. Con la empresa Repsol manejando la mayor parte de las acciones de la petrolera YPF, no se obtuvo ni desarrollo económico con equidad social, tampoco creación de empleos y menos aun mayor competitividad, a ello hay que agregarle que no hubo inversiones y tampoco integración de capital público o privado, nacional o internacional, menos aun industrialización y comercialización con alto valor agregado; dejando de lado la protección de los consumidores.
Por otra parte, la no obtención de saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, se tradujo en una creciente importación de energía, que producto de la irresponsabilidad de Repsol, en el 2011, casi igualo el superávit comercial al rozar los U$S 10 mil millones de dólares.
Frente a esta situación el Poder Ejecutivo Nacional, dispuso declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de patrimonio de YPF S.A. Ese porcentaje corresponde solo a las acciones Clase D, propiedad de Repsol, que no cotizan en Bolsa y que se repartirán entre el Estado Nacional 51% y las Provincias petroleras 49%.
El Organismo de la Constitución, manifestó que el Gobierno de España y menos aun Repsol, pueden plantear algún pedido de indemnización o reparación, toda vez que el proceso de expropiación, se regirá por la Ley de Expropiaciones Nº 21.499/77 y tal como lo establece la misma, la tasación la efectuara el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Por otra parte la sesión de los derechos políticos y económicos de las acciones que efectué el Estado Nacional a las provincias contempla los ejercicios de los derechos accionarios en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años. La designación de Directores se hará en proporción a las tenencias accionarias a lo que se sumara uno en representación de los trabajadores.
Consideró la Defensoría del Pueblo que la institucionalización de la unión entre Nación y Provincias es relevante y se da justamente en la participación accionaria. La normativa establece la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos que tendrá por funciones coordinar la actuación de todos los actores a fin de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, estableciéndose que YPF continuara operando como una Sociedad Anónima, que su gerenciamiento será a través de una gestión profesionalizada y que podrá acudir a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones o uniones transitorias de empresas sean estas públicas, privadas o mixtas.
De este análisis del Proyecto de Ley; que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, no debe surgir ninguna polémica, pues todo ello beneficiara de maneras distintas a todos los argentinos y observamos que hasta los mismos españoles en los que se cuentan partidos políticos de ese país, apoyan la expropiación de YPF, puesto que consideran que esta medida no afecta a España sino a una elite y que son las mismas que están haciendo tanto daño hoy al país Ibérico.
Varios legisladores españoles han considerado que Repsol «es una empresa multinacional en la que España no tiene una sola acción» y se cuestiona al Gobierno de Mariano Rajoy por identificar los intereses de la petrolera con los de España, encontrando su razón en que el Gobierno conservador actual únicamente «defiende a los grandes capitales y a las grandes fortunas antes que a la población».
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa