El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca y el Defensor del Pueblo de Bolivia, Dr. Rolando Villena Villegas, se reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y afrontaron la temática del Rio Pilcomayo, coincidiendo ambos funcionarios en la importancia de este curso hídrico internacional y de la función que debe cumplir la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo que hasta ahora se encuentra funcionando en nuestro País.
Ambos acordaron concretar además una Agenda Conjunta de Trabajo para presentarla a las Autoridades competentes de ambos países de modo que las aguas del Rio Pilcomayo tengan una permanente fiscalización y control.
El Ombudsman Provincial manifestó que para Formosa, el Rio Pilcomayo constituye una Causa Nacional, según lo prescribe nuestra Constitución Provincial, dado que con las aguas de dicho curso hídrico se logra regar gran parte del oeste y centro de nuestra jurisdicción.
Puso de relieve que este año el ingreso de aguas al citado fue escaso, a pesar de las importantes obras que ha encarado el Gobierno Provincial para manejar el sistema hídrico. En muchas ocasiones la complejidad del Pilcomayo y la propia naturaleza afectan la necesidad de un mayor volumen de agua que pueda impactar positivamente hacia el territorio formoseño.
Por su parte el Defensor del Pueblo de Bolivia dijo que su país tiene toda una legislación ambiental bastante nueva a pesar de que al Estado Boliviano le cuesta todavía asegurar el cumplimiento de la misma, más aún en el sector minero donde las actividades se encuentran cooperativizadas en un gran numero.
Cabe aclarar que Bolivia tiene más de 9 departamentos y más de 300 municipios en ciudades y comunidades rurales y sólo los departamentos y municipalidades de los centros más importantes del país han establecido Unidades Ambientales que son las que deben controlar y vigilar el impacto ambiental sobre el Rio Pilcomayo.
El Ombudsman Provincial expresó su gran preocupación por lo que sucede «aguas arriba» con las actividades mineras y los flujos de contaminación que se originan en las distintas concesiones que hace el Estado Boliviano, por lo que pidió un Programa de Rehabilitación Ambiental en dicha zona y de Mitigación de Daños, siendo importante que todos los que llevan adelante la explotación antes mencionada, sean obligados a tener una Licencia Ambiental de Actividades Mineras.
Por último ambos Defensores coincidieron en que es deber del Estado y de toda la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables como lo son los recursos bióticos, la flora, la fauna y los abióticos: el agua, el aire y el suelo.
Las Cooperativas y empresas particulares pueden llevar adelante sus actividades siempre y cuando respetan toda la legislación ambiental y no desarrollan ninguna actividad que sea perjudicial al interés colectivo, asegurando la no contaminación de las aguas del Rio Pilcomayo.
Obviamente no se puede hacer uso de sus aguas como receptora de descargas de la industria minera, teniendo en cuenta fundamentalmente que en Argentina y particularmente en Formosa, las aguas del rio Pilcomayo son una fuente de vida no sólo para los aborígenes sino también para los criollos de todo nuestro centro-oeste provincial. Dado que nuestra situación geografía es la de «aguas abajo», se debe trabajar fuertemente en la prevención y sanción en todo lo referente a la contaminación de cualquier tipo de actividades en la zona denominada de «aguas arriba», toda vez que estamos hablando de un curso hídrico internacional compartido por tres países.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa