La Defensoría del Pueblo amplió la denuncia efectuada por ante el Sr. Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alejandro Gustavo Postiglione, por la toma de escuelas en la zona oeste de la Provincia, en esta oportunidad en el Lote Nº 43.
Se fundamentó la presentación, en las denuncias de los sectores vulnerados, que no pueden acceder al legitimo derecho a la educación y también en el de los docentes, que no pueden ejercer libremente sus tareas diarias; panorama este que al ser por tiempo indeterminado y que no posee una justificación clara, pues de lo que se conoce públicamente, en relación a estas tomas o usurpaciones ilegales, nada está relacionado con el funcionamiento de los establecimientos escolares públicos del Estado Provincial.
Se manifestó asimismo que, en estos tiempos en los que se habla tanto de respetar el derecho a la educación, de reconocer y garantizar las libertades de todos, en los que quedan incluidos los grupos minoritarios, acciones como las que se viven, que se encuentran penadas por la normativa vigente, merecen no solamente el rechazo de nuestra parte, tanto para los autores materiales y también se hace extensiva a los autores intelectuales.
Así se ha solicitado al Señor Procurador General, que ordene a los fiscales en turno de cada jurisdicción, a que se adopten en forma urgente, las medidas de investigación y sustanciación de procesos, que permitan identificar a quienes se encuentran involucrados en estas acciones delictivas, para de esa manera citarlos y permitir posteriormente la restauración de la enseñanza a las niñas, niños y adolescentes de cada comunidad.
Se menciono también que estos últimos mencionados se ven perjudicados también por no poder acceder a los comedores escolares y más aun muchas de las familias de la zona pueden llegar a perder una serie de beneficios sociales otorgados a familias criollas y aborígenes, por no poder cumplir con requisitos formales, debido a la toma de estos establecimientos educativos.
El Defensor del Pueblo, pidió que este tipo de conductas intolerantes, llevadas adelante por unos pocos y que perjudican a miles de formoseños, no puede mantenerse en el tiempo y recrea una situación preocupante dado que es necesario que no se obstruya, restrinja o menoscabe, el libre derecho que tienen esos ciudadanos a acceder a la educación y por otro lado se debe defender y proteger con actos jurídicos concretos, también el derecho a trabajar sin que medie ningún tipo de coerción, por intereses que hasta la fecha nadie conoce, o son absolutamente cambiantes y difusos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa