Desde la Defensoría del Pueblo, organismo que lleva adelante una actuación en defensa de los derechos colectivos e intereses difusos de los habitantes del centro-oeste de la provincia, quienes tienen derecho al uso y goce del 50 % del caudal hídrico que, cada año, trae el Río Pilcomayo; se calificó como «fuera de contexto» a las afirmaciones del Ministro de Obras Públicas del Paraguay, Enrique Salyn Buzarquis, en cuanto expresó que el vecino país se halla en condiciones de cerrar el canal abierto en territorio argentino, sobre suelo formoseño.
Funcionarios de la Defensoría, afirman que, en este caso, la posición del gobierno paraguayo es totalmente infundada, contradictoria, confusa e ilegal. Por un lado, las autoridades paraguayas manifiestan que están de acuerdo con el reparto igualitario de las aguas del Pilcomayo y por el otro, admiten que el total del curso hídrico ingresa a su territorio y que no consienten obras para corregir la declarada desigualdad que reina en este momento.
Las autoridades guaraníes «instituidas», abundaron, no solamente desconocen las acciones acordadas por ambos países, meses atrás, sino que ignoran las normas del Derecho Internacional vigente, pues existe un Tratado, que data del año 1.990, que establece la distribución igualitaria del caudal del curso hídrico y la consulta previa para la realización de obras, pero solamente fuera de las áreas de emplazamiento, sean río arriba o abajo, a cierta distancia de los canales artificiales construidos por ambas naciones.
Yendo más allá de sus obligaciones aún, pues no se requería consulta previa para el caso, pero en pos de conservar las excelentes relaciones que se mantenían con el Paraguay, el Estado Argentino, tiempo atrás, acordó con las autoridades democráticas paraguayas, que fueron recientemente depuestas, las tareas que hoy se realizan.
Ahora, con un desconocimiento supino de las normas internacionales, el Gobierno del Paraguay, eleva un reclamo que carece totalmente de fundamentos, por lógica, pues pretende que toda el agua ingrese a territorio paraguayo, afectando el derecho de millares de familias formoseñas del centro-oeste, que dependen para sus actividades socioeconómicas del caudal hídrico que, por derecho, le corresponde a nuestro país.
El impresentable reclamo, subrayaron, carece también de sustento normativo, pues no tiene en cuenta el tratado vigente y los actos anteriores consentidos, incluso por el actual presidente Franco.
Si hay una soberanía que se avasalla, finalizaron diciendo, es la argentina, pues nuestro país tiene el derecho al 50 % de cada m3 que actualmente ingresa al Paraguay, ni que hablar de la posibilidad de ingreso a territorio nacional por parte de operarios paraguayos para taponar el canal argentino, como afirmó Salyn Buzarquis, ello, ni pensarlo, finalizaron diciendo, si el gobierno del país vecino, considera que se afectan sus derechos, dispone de todos los foros internacionales para realizar sus reclamos, pero debe saber que, antes debe ser legitimado, pues aún no lo está y más lejos lo estará, con la amenaza de medidas de hecho de imposible cumplimiento, pues cada país dispone de soberanía sobre su territorio y la canalización que se realiza actualmente se materializa totalmente en jurisdicción argentina.-
FUENTE: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa