A continuación las palabras de la Dra. Beatriz Merino, presidenta de la FIO, con motivo del VII informe “Personas con Discapacidad”.
Señor Licenciado Ricardo Vargas, Defensor del Pueblo de Panamá y Vicepresidente Segundo de la FIO.
Señor Congresista Michael Urtecho, Presidente de la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República.
Señor Wilfredo Guzmán, Presidente de la Organización Mundial de las Personas con Discapacidad y de la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú.
Señoras y señores: Con profunda satisfacción, les dirijo estas palabras, en mi condición de Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), para dar a conocer el VII Informe sobre Derechos Humanos, titulado Personas con Discapacidad.
La elaboración de este Informe comprometió el esfuerzo de funcionarios de las Defensorías del Pueblo de 17 países de la región, lo que ha dado por resultado un trabajo colectivo de la mayor importancia, en el que se aborda la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el ámbito iberoamericano; y las acciones desarrolladas por las defensorías para garantizar el goce efectivo de estos derechos.
Justificación del Informe de la FIO
En los tiempos que corren, las personas con discapacidad constituyen aproximadamente el 10% de la población mundial –unos 650 millones de personas–, y enfrentan una serie de barreras físicas, sociales y culturales que les restringe la plena satisfacción de sus derechos y libertades fundamentales.
Hacia un nuevo enfoque de la discapacidad
Como se sabe, los denominadores comunes en el trato hacia las personas con discapacidad fueron, durante mucho tiempo, la caridad y la exclusión. No ha sido hasta una época reciente que esta materia ha comenzado a ser percibida y abordada como un asunto de derechos humanos.
Este nuevo enfoque ha dado paso a un cambio de paradigma. De este modo, en lugar de preguntarnos qué está mal en la persona con discapacidad, ahora empezamos a formular nuevas preguntas: ¿qué está mal en la sociedad?, ¿qué factores sociales, económicos y políticos se deben reformar para facilitar el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad?
Tengo la firme convicción de que el centro del problema no está más en la persona, sino en las limitaciones de la sociedad para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Así, pues, el debate actual en torno de los derechos de las personas con discapacidad ya no radica en el disfrute de derechos específicos, como la seguridad social o la rehabilitación, sino en el modo de garantizar la realización de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Situación de los derechos de las personas con discapacidad en Iberoamérica
En lo que concierne a la aprobación de normas e instrumentos internacionales (por parte de los países miembros de la FIO) sobre la materia, la mayoría, constituida por 12 de ellos, ha aprobado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención), vigente desde el 3 de mayo del 2008.
Con relación a las normas nacionales que regulan la situación de las personas con discapacidad, hasta este momento, se han expedido leyes específicas sobre la materia en 15 países. En los dos restantes se ha emitido un conjunto de normas genéricas.
Me referiré, ahora, a un aspecto que cabe resaltar: 12 países, entre los cuales se encuentran Panamá y el Perú, cuentan con instituciones específicas para la implementación de políticas para personas con discapacidad. En España, por su lado, se instrumenta un abordaje multisectorial, ya que son varios los ministerios que se ocupan de esta temática.
Por otra parte, en Andorra y Nicaragua, el ente responsable de las políticas relacionadas con la discapacidad es el Ministerio de Salud, lo que hace visible la persistencia de un enfoque médico al respecto.
Cualquiera sea el modelo institucional adoptado para la implementación de las políticas públicas relativas a las personas con discapacidad, los esfuerzos deben orientarse a introducir soluciones integrales.
Abordemos ahora otro ángulo del tema. La falta de presupuesto es uno de los aspectos que afecta a la ejecución de los planes nacionales para la atención de las personas con discapacidad, que han sido aprobados en 12 de los países miembros de la FIO. Por ejemplo, en el informe se señala que, en El Salvador, pese a contar con una Política Nacional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, ésta ha sido objeto de poca o nula aplicación.
Además, se debe resaltar que en varios países se está trabajando en políticas públicas con enfoque de género, dirigidas a mujeres con discapacidad. En la Argentina se ha conformado un Equipo Interdisciplinario de Estudio de Género y Discapacidad. Una situación similar se ha producido en El Salvador.
Por otro lado, en algunos países se han adoptado medidas a favor de la niñez con discapacidad. Este es el caso de Bolivia, donde existe un seguro que reconoce a los niños y niñas el derecho a recibir prestaciones de salud hasta los cinco años de edad.
A pesar de los esfuerzos que se despliegan, la ausencia de un diseño de políticas públicas explícitas en materia de discapacidad es una constante notoria en muchos países del ámbito iberoamericano. La Convención debe establecer una hoja de ruta para emprender un proceso de cambio, que derive en una sociedad verdaderamente inclusiva y democrática.
Actuación de las Defensorías del Pueblo
Casi la totalidad de las Defensorías del Pueblo ya ha obtenido una importante experiencia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ocho de ellas han creado órganos especializados en esta materia. Son las de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, el Perú y Venezuela.
Las Defensorías del Pueblo han logrado avances mediante intervenciones efectivas en temas como la accesibilidad, la educación inclusiva, el acceso a los servicios de salud y la tutela antidiscriminatoria.
Asimismo, estas entidades han trabajado a favor de medidas de fomento del empleo y acceso a los medios de comunicación y, además, han prestado especial atención a la situación de las personas con discapacidad mental.
En razón de nuestro mandato, lo que buscamos es contribuir a que la formulación e implementación de las políticas públicas sobre discapacidad se ajusten a los estándares internacionales y normas convencionales de derechos humanos. Por ello, las Defensorías han impulsado la ratificación de la Convención.
Finalmente, los miembros de la FIO hemos dirigido nuestros esfuerzos a formar y sensibilizar tanto a autoridades y servidores públicos, como a la sociedad civil y al público en general, respecto del valor y la dignidad de las personas con discapacidad, sus derechos y libertades fundamentales, y las obligaciones de los Estados.
Recomendaciones
Finalmente, este Informe incorpora una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados de la región. Algunas de ellas son:
• Ratificar los tratados internacionales relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.
• Disponer la revisión de los marcos normativos nacionales, en concordancia con la Convención.
• Establecer medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la educación, la salud y la seguridad social.
Sin embargo, deseo poner énfasis en una de las recomendaciones dirigidas a los Estados de la región: dar cumplimiento a la designación de los organismos gubernamentales y los mecanismos de coordinación previstos en la Convención respecto de promover, proteger y supervisar los derechos de las personas con discapacidad.
Cabe agregar que, en virtud del trabajo que hemos desempeñado, la Convención reconoce que las defensorías cumplen un rol protagónico en el marco de su implementación y monitoreo, estableciendo la posibilidad de que se nos encargue la tarea de supervisar su aplicación.
En vista de ello, en nombre de todos los miembros de la FIO, debo señalar que las Defensorías del Pueblo iberoamericanas se encuentran preparadas y dispuestas para asumir dicho reto con responsabilidad y compromiso.
Tengo la convicción de que los gobiernos, de ser el caso, dispondrán el marco presupuestal y financiero necesario para encarar ese desafío, al margen del valioso aporte que eventualmente provenga de la cooperación internacional.
No debo concluir estas palabras sin agradecer, en nombre de la FIO, a todas las personas e instituciones que hicieron posible la publicación de este Informe, y saludar la presencia de los señores miembros de la mesa.
Señoras, señores: hacía falta abordar la discapacidad desde un enfoque de derechos. Las Defensorías iberoamericanas nos propusimos esa tarea. El resultado es este Informe.
Muchas gracias.
FUENTE: FIO.