A continuación el discurso pronunciado por la Dra. Beatriz Merino, presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en la ceremonia de clausura del XV Congreso y Asamblea general de la FIO en Cartagena de Indias, el 28 de Octubre de 2010.
Estimado señor Defensor del Pueblo de Colombia.
Estimados señores miembros del Consejo Rector.
Estimadas y estimados colegas.
Amigas y amigos todos.
Desde que se creó, poco más de doscientos años atrás en Suecia, la institución del Ombudsman supervisa el funcionamiento de la administración estatal, a fin de defender los derechos fundamentales de la persona.
Ahora bien, considerando el amplio espectro de actividades en que actúa el Estado, la actuación del Ombudsman puede resultar, en la percepción de algunos, casi infinita, pues debe acompañar a todas las intervenciones estatales con el propósito de evitar que se incurra en el abuso del poder.
En razón de ello, no es de extrañar que en el curso del XV Congreso y la Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) hayamos abordado diversas materias de interés, cada una provista de una singularidad única, explorando los desafíos que deben encarar nuestras instituciones.
Sin embargo, puestos en la disyuntiva de priorizar temas para esta ocasión, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la inseguridad ciudadana, los derechos de los migrantes, el acceso a la información pública y los derechos de las personas con discapacidad.
La inseguridad ciudadana constituye un problema social muy grave, como se ha insistido durante estas jornadas. Es un serio problema no solo porque afecta directamente a nuestros derechos a la vida, a la libertad personal y al patrimonio, sino porque corremos el riesgo de acostumbrarnos a convivir en una situación inaceptable.
Las causas de este fenómeno se pueden hallar en la ausencia de políticas de prevención o represión de las conductas delictivas, así como en la carencia de políticas efectivas de empleo, de educación y de atención prioritaria a la familia. En ese sentido es necesario que la estrategia para enfrentarla sea integral, y no recaiga solo en la labor de represión y sanción de los delitos y faltas.
De hecho, por diversas razones, la respuesta represiva del Estado no ha obtenido hasta el momento un efecto sustancial en la disminución de la inseguridad que la ciudadanía percibe.
¿Qué hacer desde la institución del Ombudsman? Sin perjuicio de hacer nuestros los aportes vertidos en estos días, considero que debemos apuntar hacia el fortalecimiento de la participación ciudadana como elemento central de la estrategia de solución.
Ya la antropóloga norteamericana, Margaret Mead, afirmaba, con acierto: “Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado”.
Respecto del proceso migratorio, existe consenso de que no está exento de dificultades y riesgos en nuestros países, los que son visibles, inclusive, desde antes de la salida misma del país, debido a la existencia de redes de tráfico ilícito de personas, en las que algunos –además de procurarse un provecho ruin e indebido– amenazan hasta la vida de las personas migrantes.
Por otro lado, no podemos permanecer indiferentes ante las dificultades que enfrentan los migrantes (de ambos sexos) para acceder a los servicios de salud pública, educación o vivienda en los países de destino. Otros trabajan sin un seguro médico social, recibiendo remuneraciones no acordes con la labor que desarrollan.
Asimismo, la migración irregular incorpora un aspecto que merece una especial atención, pues comporta un escenario de ausencia de respeto, en el que se generan incentivos para la desconfianza, la inseguridad y el temor, en razón de las amenazas de denuncia ante las autoridades migratorias para la expulsión e incluso afectaciones intensas a los derechos a la libertad e integridad personal de los migrantes que se encuentran en dicha condición.
Estoy convencida de que, en esta materia, el trabajo conjunto que emprendamos los Ombudsman iberoamericanos será especialmente fructífero, sustentado en las imprescindibles reflexiones que aportó el señor Relator de las Naciones Unidas para Migrantes, don Jorge Bustamante, y en los interesantes planteamientos concretos de acción que formuló el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, don Raúl Plascencia.
En cuanto al derecho de acceso a la información pública, debo partir de una constatación fáctica que, estimo, es particularmente esclarecedora. Como es de público conocimiento, los países líderes en las prácticas de transparencia estatal, rendición de cuentas y acceso a la información pública son, a la vez, países con democracias consolidadas, desarrollados, con bienestar y con niveles poco significativos de corrupción.
Ello nos ha de llevar a perseverar en la fiel realización de este derecho, más aún en sociedades como las nuestras, en las que, parafraseando al historiador peruano José Agustín de la Puente Candamo, la gestión del poder se realiza a espaldas de los ciudadanos y ciudadanas, los mecanismos de control son nulos o débiles, se advierte la falta de exigencia de rendición de cuentas y, por último, subsiste una consolidada cultura del secreto, que ha caracterizado históricamente a la administración pública de muchos de nuestros países.
Considero que en la agenda del Ombudsman iberoamericano debe estar muy presente el derecho de acceso a la información pública, en tanto su vigencia garantiza el fortalecimiento del régimen democrático, así como contribuye a contar con ciudadanos reales y no imaginarios, informados sobre la gestión de la autoridad que los gobierna, sobre los procedimientos y reglas que los rigen.
En lo que concierne a los derechos de las personas con discapacidad, los Ombudsman debemos continuar persuadiendo a quienes toman decisiones de interés público, así como a la ciudadanía en su comportamiento, respecto de la conveniencia de interiorizar un nuevo enfoque de derechos humanos que destierre la caridad y la exclusión como patrones a observar en el trato con estas personas.
Este nuevo enfoque ha dado paso a un cambio de paradigma. De este modo, en lugar de preguntarnos qué está mal en la persona con discapacidad, ahora empezamos a preguntarnos: ¿qué está mal en la sociedad?, ¿qué factores sociales, económicos y políticos se deben reformar para facilitar el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad?
Así, pues, el centro del problema no está más en la persona, sino en las limitaciones de la sociedad para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
En razón de ello, el debate actual en torno de los derechos de las personas con discapacidad ya no radica en el disfrute de derechos específicos, como la seguridad social o la rehabilitación, sino en el modo de garantizar la realización de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Por otra parte, a la luz del reciente Informe que hemos producido en la FIO, deseo convocar a ustedes para emprender un trabajo conjunto, a fin de que nuestros Estados cumplan con designar a los organismos gubernamentales y los mecanismos de coordinación previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para promover, proteger y supervisar los derechos de las personas con discapacidad.
No deseo concluir estas palabras sin expresar, en nombre de las señoras y señores Ombudsman que forman parte de la FIO, mi más cálido agradecimiento al doctor Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo de Colombia, por las gentiles atenciones que hemos recibido en estas inolvidables jornadas.
Con la satisfacción del deber cumplido, declaro formalmente clausurado el XV Congreso y Asamblea Anual de la FIO.
Muchas gracias.
(fin)
FUENTE: FIO