La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señaló hoy que si bien la privación de la libertad constituye una medida que se adopta como un mecanismo para sancionar la comisión de un delito, “el Estado está obligado no solo a respetar los derechos individuales de las personas privadas de libertad, sino a establecer un conjunto de mecanismos que permitan que esos derechos gocen de una vigencia efectiva y encaminada a lograr que las cárceles cumplan con su finalidad principal, la resocialización”.
“Las cárceles deben ser lugares seguros, ordenados y donde exista trato humano para que la persona que recupere su libertad tenga la posibilidad de reincorporarse a la sociedad y, por ende, una probabilidad menor de volver a delinquir”, dijo la doctora Merino durante la inauguración del “Seminario–Taller Internacional sobre Ejecución Penal: Desafíos del Sistema Garantista”, organizado por la Oficina de la Cooperación Regional para los Países Andinos de la Embajada de Francia en el Perú, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, con el auspicio de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).
La doctora Beatriz Merino –quien es, asimismo, Presidenta de la FIO– declaró que “mediante este seminario se pretende resaltar, a partir de las contribuciones provenientes del derecho comparado, la importancia y necesidad del control judicial en la etapa de la ejecución de las penas, así como la implementación de la figura del Juez de Ejecución Penal como una garantía para el respeto de los derechos y la reinserción social de las personas privadas de libertad”.
Los participantes del evento pudieron apreciar las exposiciones de destacados magistrados y juristas de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público peruanos, así como de Magistrados y funcionarios provenientes de Francia, Colombia, Argentina, Bolivia y Ecuador. A ellos se suma la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
En este seminario, que concluirá mañana, se abordan materias que anteriormente fueron desarrolladas en el V Informe Anual de Derechos Humanos sobre “Sistema Penitenciario”, emitido anteriormente por la FIO. Una de las recomendaciones centrales que se formularon en dicha ocasión consistió en asegurar el rápido y eficaz control judicial de toda medida sancionadora, coercitiva o restrictiva de derechos, ejecutada en el interior de los establecimientos penitenciarios como una condición básica para someter los sistemas penitenciarios al imperio de la ley.
FUENTE: FIO.