El Ayuntamiento de Tultitlán recibió una Recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, debido a la violación a los derechos fundamentales de tres migrantes centroamericanos, entre ellos una mujer con cinco meses de embarazo, quienes fueron detenidos arbitrariamente mientras pedían dinero en las calles de este municipio.
El argumento de los elementos de Seguridad Pública y de la Oficial calificadora del segundo turno, fue que los migrantes de origen hondureño estaban solicitando dádivas en la vía pública y eso constituye una infracción al bando municipal, sin embargo, el mencionado ordenamiento, establece que la falta se comete cuando al pedir dinero en las calles o en el transporte público se utiliza el amago o la amenaza, lo cual no ocurrió en el caso de los indocumentados, por lo que no existía motivo para detenerlos ni presentarlos ante autoridad alguna.
El ilegal aseguramiento de los migrantes, fue detectado cuando personal de la CODHEM acudió a la Oficina Calificadora zona centro de Tultitlán para una visita de inspección y localizó en las galeras a una pareja de indocumentados y un varón más, quienes refirieron que cuando pedían dinero a los transeúntes para comprar alimentos, fueron asegurados por la policía municipal.
Al respecto, la Oficial Calificadora del segundo turno, Mónica Jhoana Roth Pineda, informó que la presentación estuvo a cargo de los policías Jorge Jhonattan Vargas Fuentes y Marco Ronie Molina Mata, y dijo que por esa conducta, impuso a los detenidos 24 horas de arresto.
La CODHEM en su Recomendación 13/2012 indica que la Oficial Calificadora debió abstenerse de imponer sanción administrativa alguna y dejarlos en libertad, máxime cuando los oficiales le refirieron que, en efecto, los hondureños no estaban amagando ni amenazando a la ciudadanía para obtener dinero.
En tanto, los policías mencionaron que la detención era en respuesta a una denuncia ciudadana, pero contrario a ello, la Comisión encontró que lejos de pedir el aseguramiento, una ciudadana se opuso a la conducta de los policías y les mencionó «que si no conocían los derechos de los migrantes».
Incluso, los policías como la Oficial Calificadora manifestaron una supuesta orden de un superior jerárquico de la corporación, de quien no se manifestó nombre e indicó que los agraviados habían obstaculizado la vía pública, constituyendo una violación al Bando Municipal, por lo que iba a detenerlos de dos a cuatro horas.
Sin embargo, esta aseveración reafirmó la idea de que no existió ninguna formalidad por escrito en el procedimiento para la detención. Más aún, la servidora pública alteró en documentos las fechas y horas de presentación a fin de no establecer correctamente el tiempo de detención e indujo a los afectados junto con el Secretario César Alain Velázquez Hernández, a aceptar una boleta de libertad en la que supuestamente no se violaron sus derechos.
La Comisión señaló también que el municipio de Tultitlán por ser paso de migrantes debe abstenerse de realizar, consentir o tolerar actos que vayan en contra de este grupo considerado como vulnerable, cuyos derechos humanos deben ser protegidos.
La CODHEM determinó que la detención de los tres migrantes hondureños resultó ilegal y constituyó una violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en vista de que no existió causa justificada para el aseguramiento y con ello se transgredieron los principios establecidos en diversos ordenamientos nacionales e internacionales.
Al respecto, el Organismo defensor de los derechos fundamentales recalcó que si bien, en ningún momento se opone al ejercicio de las tareas que la policía municipal y los oficiales calificadores realizan para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, así como la paz y el orden público, al mismo tiempo pugna por que los servidores públicos relacionados con estas tareas apeguen su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Por lo anterior, la CODHEM recomendó al presidente municipal de Tultitlán, anexar una copia de su resolución al expediente que sigue la Contraloría Interna del municipio, a fin de tomar en cuenta los pronunciamientos del Organismo en el proceso que se sigue para determinar la responsabilidad de los servidores públicos; además, el Cabildo local debe convocar a sesión de cabildo para uniformar el Bando municipal con la normatividad Constitucional y estatal.
Asimismo, debe procurar que no sean contratadas personas que no cuenten con el título de derecho para el puesto de Secretario del Oficial Calificador; esta oficina debe brindar en todos los casos garantía de audiencia; contar con médicos que certifiquen el estado de salud de las personas detenidas; y el Ayuntamiento debe brindar cursos de capacitación en derechos humanos y el marco jurídico que rige su actuación tanto a los elementos de la policía municipal como a los secretarios y oficiales calificadores.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México