Para promover el lenguaje incluyente es necesario hacer un análisis de uno mismo y si encontramos que todo lo que pronunciamos es en menoscabo de alguien más, debemos cambiar nuestras palabras y luego los actos, para generar una comunicación más asertiva, que no dañe a las personas, expresó Alejandra Carmona Castañeda.
La integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, refirió que los servidores públicos deben tener el compromiso social de responder en igualdad de circunstancias a hombres y mujeres que acudan ante ellos, asimismo, el trato que deben dar es con respeto y responsabilidad, sin diferenciar ni estereotipar a nadie por su género.
Lo que se debe hacer, dijo, es evitar en nuestro lenguaje cotidiano términos sexistas, que fomenten o fortalezcan los estereotipos de género, lo cual ayudará a prevenir la discriminación y la violencia.
Indicó que en la búsqueda de la igualdad y la equidad, se debe empezar por reflexionar sobre las palabras y los actos que lleva a cabo uno mismo para determinar si lo que decimos y hacemos, afecta a algunas personas, especialmente a niñas y mujeres consideradas como miembros del sector vulnerable.
El sexismo, explicó, es todo menoscabo en razón del género, que se traduce en menosprecio de los hombres hacia las mujeres y viceversa.
La funcionaria de la Defensoría de Habitantes indicó que cuando le damos género a las palabras con artículos y frases, excluimos, por eso dijo, en el uso del lenguaje éstos se pueden sustituir con artículos o sustantivos colectivos que unifiquen a las personas.
Abundó que al referirnos a los roles del hombre o de la mujer y acentuarlos, trae como consecuencia no sólo la creación de estereotipos sino también su fortalecimiento, lo cual sin duda es una forma de discriminación o de violencia.
Carmona Castañeda puntualizó que el lenguaje incluyente es la solución al sexismo, el cual se puede incorporar para no hacer esa distinción dañina en las palabras que afecta la integridad física o psicológica de las personas.
FUENTE: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México