«Para que se elaboren y apliquen políticas públicas municipales que permitan prevenir y combatir violaciones a los derechos humanos, es necesario que haya vinculación y seguimiento por parte de las instancias locales de planeación y evaluación, así como un presupuesto etiquetado», propuso Juan Carlos Rayón González.
Recordó que la reforma constitucional publicada en junio de 2011 establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno, deben procurar la protección y defensa de los derechos humanos, sin embargo, el municipio a veces se ve limitado y alejado de la materia, pues no implementa políticas públicas propias, sino que retoma las estatales y nacionales.
En el ensayo «El municipio como sujeto activo en la elaboración de políticas públicas para la prevención de la trata de personas», con el que obtuvo el tercer lugar del XVI Certamen de Ensayo convocado por la Comisión de Derechos Humanos, expuso la desvinculación que existe entre los órganos de planeación, evaluación y seguimiento locales, pues aunque se ponen en funcionamiento programas y acciones, por lo general no tienen lineamientos ni indicadores para evaluar los resultados.
Otra cuestión es que no se considera en el anteproyecto de presupuesto municipal, el recurso que se destinará para impulsar determinada política pública, por tanto, sugirió que se etiqueten con base en el Presupuesto Basado en Resultados, que permite definir lo que debe realizar el gobierno municipal de forma interdisciplinaria, es decir, enlazar los programas que tienen las instancias locales enfocadas a lograr un mismo objetivo.
Asimismo, destacó la importancia de dar a conocer a la ciudadanía en general cuál es la importancia que tiene la protección de los derechos humanos, bajo el entendido de que la norma constitucional ha establecido la obligación de las autoridades a proteger los derechos humanos; generar una vinculación interinstitucional y evaluar los programas presupuestarios, así como involucrar a la sociedad para que haga aportaciones en la materia, escuchándola para generar las líneas de acción de acuerdo a las necesidades.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Estado Nuevo León