Respetar a la mujer en todos los ámbitos, unir esfuerzos interinstitucionales e implementar leyes y protocolos de prevención y atención, son las acciones que deben llevar a cabo la sociedad y el Estado, a fin de evitar la violencia contra este sector, aseguró Rosa María Molina de Pardiñas, Secretaria General de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
Así lo señaló durante el Seminario «La Procuración de justicia ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres», evento que reunió a académicos, funcionarios y especialistas de diferentes instituciones, así como a más de mil mujeres y hombres que participaron en este encuentro para reflexionar y buscar soluciones a tan preocupante flagelo.
En el evento organizado por la Defensoría de Habitantes mexiquense y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Molina de Pardiñas aseguró que para erradicar la agresión contra la mujer, es necesario trabajar en la armonización legislativa a fin de contar con marcos de actuación similares en toda la República, así como evitar en todo lo posible que la mujer agredida sea revictimizada, es decir, que además del sufrimiento ocasionado por la violencia en su contra, sea tratada de un modo indigno cuando se acerca a pedir ayuda en el sector público.
En la Mesa «El marco legal: Debida diligencia y persecución de delitos cometidos en contra de las mujeres», Eleuteria Román Cuevas, directora de Seguimiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del INMUJERES, subrayó que a pesar de que todavía se cree que los golpes y maltrato en la casa son una situación de familia, debe entenderse que la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado y requiere de la suma de esfuerzos para combatirlo.
Explicó que el estado de México ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia de pareja a lo largo de su relación, ya que el 56.9% de los casos del país, se registraron aquí; mientras que la Encuesta Nacional sobre las Relaciones en los Hogares 2011, reveló que los roles y estereotipos de género refuerzan la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, pues el 26.6% de personas encuestadas está de acuerdo en que si hay golpes o maltrato en la casa, es un asunto de familia y ahí debe quedar; y en ese sentido, lo que se necesita es voluntad política para atender el problema; presupuestos con perspectiva de género y aplicación efectiva de la ley, afirmó.
Por su parte, Enrique Juárez Saavedra, juez del Sexagésimo Séptimo Juzgado Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, destacó que el Estado tiene la responsabilidad de difundir los derechos humanos de las personas y el papel que tiene es prevenir y tratar de erradicar la violencia contra el sector femenino, para lo cual, las autoridades se deben ceñir a las medidas de protección y de urgencia que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia; así como construir la sensibilización de los órganos de gobierno.
Indicó que un problema al que se enfrentan es que no cuentan con los instrumentos necesarios para hacer efectivas las medidas de protección, pues no tienen policías adscritos ni trabajadores sociales, por tanto se requiere una coordinación con el Instituto de la Mujer para trabajar en armonía y erradicar todas las formas de violencia a la mujer.
Asimismo, Gail Aguilar Castañón, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, explicó que el Estado de México fue la segunda entidad que tipificó el delito de feminicidio y contempla una pena de prisión vitalicia, por tanto, junto con Chile son los únicos lugares en América Latina que tienen una sanción tan alta porque no sólo lacera la vida de la mujer, sino de la sociedad en su conjunto; actualmente se han emitido 27 sentencias por ese delito.
En ese sentido, con la creación de los Centros de Justicia para Mujeres, que concentran diversas instancias en un mismo lugar, se busca evitar la revictimización, porque son espacios cómodos, con diseño específico para dar confianza a quienes acudan a éstos.
Indicó, que el reto actual es cumplir con la debida diligencia que consiste en una investigación exhaustiva e inmediata, aplicar los protocolos, no esperar las 72 horas para iniciar la búsqueda en caso de desaparecidas y si llega una víctima de violación que requiere atención médica, debe darse prioridad a esto y después proseguir con el trámite; para hacerlo realidad, de manera permanente se capacita al personal en esta materia, finalizó.
FUENTE: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México