Soledad Becerril ha repasado las iniciativas más importantes de la Institución en un año marcado por la crisis económica y los recortes, recordando también la labor de mediación del Defensor del Pueblo que ha sido decisiva en asuntos como las tasas judiciales. Asimismo avanzó las primeras conclusiones del estudio sobre las viviendas públicas vacías que calcula que, en la actualidad, las CCAA gestionan al menos 10.000 viviendas de protección pública que están desocupadas y disponibles.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado hoy, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2012.
Tras repasar las actuaciones más destacadas de 2012 y exponer una radiografía de las cifras de ese ejercicio, la Defensora ha avanzado las primeras conclusiones del informe sobre viviendas públicas vacías que está a punto de presentar a las Cortes Generales.
Viviendas públicas vacías
En este estudio, se analizan las causas del desajuste entre la necesidad de vivienda y el número de viviendas protegidas sin uso y se ofrecen recomendaciones. Entre ellas, crear o mejorar los registros de vivienda protegida, con datos que proporcionen las comunidades autónomas y los municipios utilizando parámetros similares que hagan posible evaluaciones de ámbito nacional.
También se propone aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas; implantar una inspección más eficiente; perfeccionar los procedimientos de adjudicación de viviendas; y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta.
El estudio, realizado con datos e informaciones proporcionados por las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades y de Ceuta y Melilla, estima que muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentran vacías y disponibles.
En concreto, el estudio calcula que, sólo contando las que gestionan las comunidades autónomas -es decir más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública-, aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles.
Además, el Defensor del Pueblo ha pedido información a diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes.
Según la información recibida, estos núcleos de población gestionan 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427.
En opinión de la Institución, resulta ineficiente y poco aceptable que haya viviendas públicas vacías cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada.
Tasas judiciales
La Defensora también ha aprovechado su intervención para recordar la labor de mediación que tiene la Institución que dirige. En este sentido, ha recordado las recomendaciones formuladas para modificar la Ley de Tasas Judiciales que se han traducido en un ahorro sustancial para los ciudadanos.
Las tasas variables en todas las instancias se han reducido en torno a un 80%. En la actualidad, estas tasas no podrán superar los 2.000 euros (antes eran 10.000). Y para alcanzar los 2.000 euros el pleito tendría que tener un valor económico de dos millones o más.
Esta modificación supondrá un ahorro sustancial para los ciudadanos. El Gobierno dejará de recaudar no sólo el 5% anunciado que se refiere a las tasas fijas. A este porcentaje hay que sumarle el que se dejará de recaudar por la rebaja de tasas variables.
Informe 2012
La Defensora ha recordado que en 2012 se recibieron 280.592 escritos: 33.478 quejas, 371 investigaciones de oficio y 246.743 solicitudes de interposición de recurso frente a 29 normas. Además, se formularon 548 recomendaciones y sugerencias a la Administración. Las actuaciones de la Institución han servido para corregir el 70% de las actuaciones cuestionadas por los ciudadanos.
También ha apuntado que la «la transparencia y la austeridad son principios que deben regir en todos los organismos públicos». Así, en 2012 el presupuesto de la oficina del Defensor se redujo un 4,5%, gracias a la eliminación de partidas prescindibles como coches oficiales, dietas o viajes. En 2013 ha descendido un 3,2%.
En un año marcado por la crisis económica y los recortes, Soledad Becerril ha destacado que la Institución que dirige se ha situado al lado de los colectivos más desfavorecidos. Así se han formulado recomendaciones para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores. Se está trabajando en un informe sobre participaciones preferentes y se ha iniciado un estudio sobre las urgencias hospitalarias.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de España