La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, prepara un informe sobre las VPP vacías que existen en España, tras detectar a través de diversas investigaciones numerosos casos de personas pertenecientes a colectivos vulnerables que pasan mucho tiempo a la espera de que se les adjudique una.
Así lo anunció la Defensora el pasado 29 de noviembre, a lo largo de su comparencia ante el Pleno del Congreso, para explicar el Informe anual correspondiente a 2011. Soledad Becerril quiere conocer el número de viviendas de protección pública (VPP) que se encuentran vacías en toda España. Se han iniciado investigaciones con todas las CCAA y Ceuta y Melilla y también se ha incluido a nueve municipios con una población superior a 350.000 habitantes. El informe realizará propuestas para dar uso a estas viviendas y beneficiar a las personas que han perdido sus hogares como consecuencia de la crisis.
Este informe, que previsiblemente será presentado a las Cortes Generales en los primeros meses de 2013, pretende seguir aportando propuestas que ayuden a paliar la situación que viven muchas personas, que como consecuencia de la crisis, han perdido sus hogares.
En opinión de la Institución, muchas de las VPP vacías podrían, mediante distintas fórmulas con las administraciones, ser utilizadas por familias que en estos momentos carecen de ellas.
Para la elaboración del informe, la Institución ha abierto sendas investigaciones de oficio con las 17 Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla, que ya han contestado a los requerimientos de la Institución. Asimismo, se han incluido nueve municipios con más de 350.000 habitantes.
Las actuaciones iniciadas por la oficina del Defensora del Pueblo con este informe buscan determinar las causas de por qué se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, por primera vez si son nuevas, o para revisar su estado, si ya han estado ocupada antes.
Asimismo, el informe realizará recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler, también para las viviendas públicas, y para propiciar que tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos propietarios de viviendas protegidas vacías flexibilicen los requisitos de acceso a las mismas para que un mayor número de solicitantes puedan resultar beneficiarios.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de España