El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha presentado hoy el ‘Informe Anual de la Institución correspondiente a 2017’);» title=»informe Anual 2017″ style=»box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; background-color: transparent; color: rgb(156, 12, 12); text-decoration: none; transition: 0.2s;»>Informe Anual de la Institución correspondiente a 2017 ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
El año pasado se tramitaron 25.776 expedientes de los cuáles 8.158 estuvieron relacionados con el mal funcionamiento de los servicios públicos. Además, se formularon 2.388 resoluciones, 567 más que en 2016, para corregir actuaciones de la Administración.
Durante su intervención, el Defensor ha asegurado que “los efectos derivados de la crisis económica que hemos padecido, y especialmente su impacto en el ámbito de los derechos sociales, tienen un claro reflejo en muchas de las quejas formuladas por los ciudadanos en 2017”.
Fernández Marugán ha realizado un repaso de las principales actuaciones llevadas a cabo por la Institución durante el año pasado.
Servicios públicos
El Defensor del Pueblo recibió 8.158 quejas relacionadas con el mal funcionamiento de los servicios públicos. La Institución tramitó con las administraciones asuntos relacionados con las dilaciones indebidas en los procedimientos judiciales por falta de medios personales y materiales; el continuado retraso en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad en el Registro Civil; las abultadas listas de espera sanitaria; la saturación de los servicios de urgencia en los hospitales; y la lentitud para obtener el permiso de conducir, el DNI y el pasaporte.
Sanidad, Vivienda, Educación y Política Social
Durante su comparecencia, el Defensor también ha señalado que los asuntos relacionados con la sanidad, la vivienda, la educación y la política social fueron objeto de casi 3.000 quejas.
En materia sanitaria, Fernández Marugán ha destacado que la falta de medios personales y materiales, los inadecuados criterios de organización o las carencias en edificios e infraestructuras sanitarias, siguen generando numerosas quejas. Asimismo, ha insistido en la necesidad de cambiar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.
Por lo que respecta al problema de la vivienda, el Defensor ha recordado que entre 2008 y 2017 se registraron alrededor de 600.000 ejecuciones hipotecarias. Además, ha señalado que existen muchos hogares en España para quienes “el alquiler no es una opción sino una necesidad y la única vía posible para acceder a una vivienda”. Sin embargo, la subida experimentada por el precio de los alquileres hace que la vivienda sea inaccesible para muchas personas, también los jóvenes. Ante esta situación, Fernández Marugán ha asegurado que “es urgente formular una oferta política a favor del alquiler social para que los colectivos más desfavorecidos, así como la juventud, pueda emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”.
En cuanto a la educación, en 2017 se recibieron casi 1.100 quejas sobre esta materia. El Defensor ha lamentado la dificultad para alcanzar un Pacto de Estado Social y Político que “dote a nuestro sistema educativo de la estabilidad que viene precisando desde hace tanto tiempo”.
A juicio de la Institución, la severidad con que la crisis económica ha afectado a las familias hace más necesario potenciar y mejorar las medidas compensatorias que garanticen la gratuidad y la accesibilidad a la educación en los niveles obligatorios y la igualdad de oportunidades en los post obligatorios y en la educación superior.
Por lo que respecta a la política social, el Defensor ha explicado que el año pasado la cuestión que más quejas generó fue la excesiva demora en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de dependencia en todas sus vertientes.
A la Institución le preocupa especialmente la situación de los parados de larga duración y permanece atenta a la revisión de los programas de ayuda que se han aplicado en los años de crisis.
En opinión del Defensor del Pueblo, es evidente la relación entre desigualdad, empleo y condiciones de trabajo. Según ha apuntado Fernández Marugán, “el desempleo explica el 80% de la desigualdad, que se relaciona también con la caída de ingresos del 40% de la población con menor renta”. Además, ha advertido de que “el trabajo ya no es garantía de salida de la pobreza”, ya que existe una elevada proporción de hogares con baja intensidad laboral y un elevado porcentaje de trabajadores con bajos salarios y en riesgo de pobreza.
Por eso, el Defensor ha enfatizado que “la lucha contra la precariedad laboral y por la estabilidad en el empleo es ineludible para conseguir la creación de empleo digno que disminuya la brecha de desigualdad” y ha abogado por mantener medidas específicas de atención dirigidas a favorecer la empleabilidad de jóvenes y de parados mayores de 55 años.
Administración de Justicia y Registro Civil
Fernández Marugán ha asegurado que las quejas recibidas “permiten detectar importantes problemas de la Justicia como servicio público”. Así, ha relatado que un año más continúan detectándose las dilaciones indebidas que ponen de manifiesto que no se ha conseguido “la justicia rápida que los ciudadanos demandan”. Además, se han recibido quejas por los fallos informáticos de la Administración de Justicia que causan problemas a ciudadanos y profesionales.
El Defensor también ha denunciado el colapso del Registro Civil. En 2017 llegaron a la Institución 893 quejas sobre este tema, la mayoría de personas que intentaban adquirir la nacionalidad española por residencia.
Fernández Marugán ha recordado que la Institución lleva años denunciando esta situación y ha pedido a la Administración que intervenga de manera urgente para solucionar la situación de las más de 400.000 personas que tienen pendientes de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia.
Actividad económica y hacienda pública
El número de quejas relacionadas con asuntos económicos, financieros e impuestos superó las 2.300 quejas. En este contexto, la Institución actuó sobre la prórroga de la suspensión de los lanzamientos en ejecuciones hipotecarias; la falta de regulación de las empresas de recobro; la protección de los clientes que suscriben préstamos con empresas no financieras; los problemas de los Servicios de Reclamaciones de las entidades bancarias; los tipos de interés abusivos en los créditos rápidos; las devoluciones por cláusulas suelo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la práctica de las entidades bancarias de imponer la contratación de seguros vinculados a los préstamos hipotecarios.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) sigue siendo el tributo que más quejas genera. También son criticadas por los ciudadanos las diferencias de tributación entre las comunidades autónomas.
Medio Ambiente y Urbanismo
Casi 1.200 de las quejas recibidas tuvieron que ver con el medio ambiente y el urbanismo. Para el Defensor, de las quejas ciudadanas se desprende que “las autoridades no reaccionan de manera eficaz y en muchas ocasiones prevalecen unos intereses económicos mal entendidos sobre los valores ambientales”. Así, ha lamentado que sea “una práctica habitual” que la administración realice controles ambientales de manera exclusivamente formal, “sin realizar un verdadero examen a fondo sobre las posibles consecuencias medioambientales de determinadas actividades” y ha puesto como ejemplo el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana.
En materia de medio ambiente destacan también los problemas de ruido. Según ha explicado Fernández Marugán, “los Ayuntamientos, tanto grandes como pequeños, se muestran reacios a actuar con contundencia contra los infractores”. Una situación que contrasta con las cada vez más numerosas condenas penales, “lo cual debería ser motivo de reflexión” ha afirmado.
Migraciones
Durante su intervención, Fernández Marugán ha denunciado la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio, con más de 40.000 nuevas solicitudes de protección internacional presentadas en 2017 y más de 30.000 pendientes de resolver de años anteriores. En su opinión, es “insostenible”.
Para el Defensor el sistema de asilo español necesita con urgencia que se publique el reglamento de la Ley de Asilo, incluyendo la posibilidad de acceso legal a España de personas con necesidades de protección internacional, evitando que se sigan jugando la vida en condiciones precarias.
Además, ha reclamado una revisión urgente en cuanto a su funcionamiento, tanto en la gestión del sistema de acogida como en el sistema de registro y tramitación de las solicitudes. Para llevar a cabo esta revisión, ha pedido que se valore la posibilidad de solicitar fondos europeos.
Por último, se ha referido a la situación de los ciudadanos venezolanos y ha reclamado que se revisen los criterios de tramitación de sus expedientes de protección internacional y se apliquen las vías existentes en la legislación de extranjería para que puedan residir y trabajar en España de manera legal.
El Defensor también ha querido dejar constancia del problema del colectivo de pensionistas venezolanos residentes en España, en situación de grave precariedad económica y riesgo de exclusión social, por haber suspendido el gobierno de Venezuela el ingreso de sus pensiones desde enero de 2016.
Centros Penitenciarios
En 2017 la Institución ha gestionado 902 expedientes en esta materia. Al finalizar el año, 58.958 personas se hallaban privadas de libertad en 96 centros penitenciarios.
El Defensor ha indicado que superado el problema de la masificación, que hace años afectaba al sistema penitenciario, ahora los problemas tienen que ver fundamentalmente con la falta de personal, denunciada por los sindicatos.
Fernández Marugán ha insistido en la necesidad de mejorar los protocolos de investigación ante denuncias por malos tratos y ha abogado por minimizar el uso de las contenciones mecánicas que “en cualquier caso deben practicarse siempre bajo estricta supervisión médica”, ha recordado. En el ámbito sanitario ha explicado que la Institución ha realizado actuaciones para que los internos sean atendidos en condiciones equivalentes al resto de los ciudadanos.
Colectivos vulnerables
El Defensor ha explicado que se han incrementado las quejas relacionadas con los mayores. La mayoría ponen de manifiesto la dificultad para acceder al servicio asistencial ya reconocido y aprobado, en especial a las plazas residenciales.
Fernández Marugán ha asegurado que las quejas y los datos estadísticos ponen de relieve que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no tiene capacidad para incorporar en un plazo razonable a las casi 300.000 personas reconocidas como dependientes pero sin prestación aprobada. También ha alertado sobre la demora en la valoración del grado de dependencia que se produce en algunas comunidades autónomas.
Además, ha relatado que personas con su situación de dependencia ya valorada y con su prestación reconocida no la reciben y ha hecho hincapié en la “magnitud de las listas de espera” para acceder a centros de día y residencias. El Defensor ha subrayado que para llegar a la plena atención y mantener únicamente la espera para las personas en proceso de valoración hay que mejorar la financiación del sistema, incrementando el gasto de forma notable.
Fernández Marugán también ha destacado que se han intensificado las quejas relativas al funcionamiento de las residencias y a la calidad de la atención que reciben los mayores en ellas. En 2017 la Institución ha iniciado actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas para conocer las características y la dotación de los recursos residenciales para mayores y detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.
Otro colectivo vulnerable que preocupa especialmente a la Institución son los menores. En el caso de los niños y niñas con discapacidad que tienen derecho a una educación inclusiva, la Institución ha seguido trabajando para que se efectúen ajustes razonables que permitan a estos menores ser admitidos en escuelas ordinarias y que se articulen medidas de apoyo personalizadas y efectivas que fomenten su máximo desarrollo académico.
Las personas con discapacidad acuden a la Institución por muy diversos motivos. El Defensor ha querido denunciar que no se han producido avances significativos en la aprobación del nuevo Baremo de valoración de la discapacidad, que en su opinión, “es una pieza fundamental para acceder a la protección social dispensada por las administraciones públicas”.
Fernández Marugán ha asegurado que tampoco se ha avanzado en la aprobación reglamentaria de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.
La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que en 2017 ha centrado sus esfuerzos en reclamar un doble enfoque, de género e infancia, a la hora de luchar contra esta lacra. Durante su intervención ha vuelto a asegurar que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”.
Fernández Marugán ha apuntado que recibió “con satisfacción” la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Defensor espera que las medidas del Pacto comiencen a plasmarse en cambios normativos y nuevas prácticas que sirvan “para defender a todas las víctimas lo antes posible”.