El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha recibido, por primera vez, en la sede de la Institución a una delegación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), encabezada por su presidenta, Victoria Ortega, para analizar los problemas que afectan a los abogados y abogadas que prestan asistencia jurídica a las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular.
En la reunión han participado, además de la presidenta del CGAE, el presidente de la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda; la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas; el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente; el decano del Colegio de Abogados de Almería, Juan Luis de Aynat; el vicedecano del Colegio de Abogados de Granada, Antonio Mir y la representante de este mismo Colegio y miembro de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Ana María Torres. Por parte del Defensor del Pueblo, además de Fernández Marugán, han intervenido su director de Gabinete, Francisco Vírseda, el jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Bartolomé José Martínez y el técnico de esta misma unidad, Santiago Yerga.
Fernández Marugán ha expuesto a los representantes de la Abogacía las conclusiones de las visitas que técnicos de la Institución realizaron el pasado verano a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que accedían por la costa de manera irregular.
Tras estas visitas, la Institución formuló recomendaciones a los Colegios de Abogados de Cádiz y Granada para mejorar la asistencia jurídica tras presenciar asistencias simultáneas. Así, recomendó que se garantizara que las asistencias jurídicas fueran siempre individualizadas y efectivas.
Los representantes de la Abogacía han explicado las dificultades con las que se encuentran al realizar las asistencias y se han comprometido a colaborar para mejorar este servicio.
Con estas reuniones el Defensor del Pueblo quiere seguir contribuyendo a mejorar la primera acogida de personas migrantes que llegan a nuestro país en situación irregular.