El Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) ha renovado hasta 2017 la calificación «A» que ostenta el Defensor del Pueblo por el trabajo que desarrolla para difundir, proteger y defender los derechos humanos en España.
Esta es la máxima acreditación que concede Naciones Unidas a las Instituciones de derechos humanos que cumplen con los denominados «Principios de París».
Dichos principios enumeran una serie de responsabilidades y competencias que deben cumplir las instituciones nacionales de derechos humanos.
Entre ellas, la de poder supervisar cualquier situación de violación de los derechos humanos; la de asesorar a Gobiernos y Parlamentos en materia de derechos humanos; la de mantener relaciones de cooperación con otras instituciones análogas; y la de educar e informar en materia de derechos humanos.
FUENTE: Defensoría del Pueblo de España