El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha pedido información al Ayuntamiento de Madrid sobre sus planes en relación a Madrid Central, en el marco de la actuación de oficio que tiene abierta sobre la contaminación atmosférica en la capital.
La Institución ha recibido con preocupación el anuncio, por parte del nuevo equipo de Gobierno municipal, de una posible moratoria en la imposición de multas en el área de Madrid Central. En opinión del Defensor, dicha moratoria supondría en la práctica desvirtuar la eficacia de dicho plan.
Por ello, la Institución quiere conocer qué medidas va a implantar el consistorio para evitar el incremento de la polución en Madrid en el caso de que finalmente la moratoria entre en vigor.
El Defensor ha preguntado también por el instrumento jurídico que se pretende utilizar, en su caso, para aprobar la moratoria y cuál sería la tramitación administrativa que se siga del mismo.
Además, ha solicitado información sobre la motivación de esta decisión y una copia del estudio realizado por el ayuntamiento sobre la evolución de la contaminación desde la entrada en funcionamiento de Madrid Central y del estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid sobre el descenso de emisiones contaminantes en dicha zona.
Posibles sanciones
En el escrito remitido al consistorio, el Defensor recuerda que la puesta en marcha de Madrid Central fue uno de los motivos por los cuales el Estado español evitó las acciones de la Comisión Europea por incumplimiento de la norma comunitaria en materia de calidad del aire.
En este sentido, la Institución advierte de que el incremento de los niveles de contaminación en Madrid podría conllevar sanciones por parte de las autoridades comunitarias contra el Estado español.
Por ello, también ha requerido una copia de la documentación sobre el procedimiento de infracción abierto por la Comisión europea, incluida aquella donde se reflejen las medidas que el ayuntamiento se ha comprometido a implantar para evitar la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la respuesta de la Comisión.
Por último, y teniendo en cuenta las repercusiones de esta decisión a nivel regional e incluso nacional, el Defensor también pedido información acerca de si se han realizado consultas a otras administraciones sobre esta decisión.