El Defensor del Pueblo (e.f.) Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio para que el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) informe sobre las circunstancias que han llevado a que 83 familias, que hace ocho años se adhirieron al plan de vivienda pública “Permuta”, puedan perder sus viviendas.
La Institución considera que el consistorio debe dar una respuesta a esta situación de emergencia social y ha pedido una solución habitacional y una atención adecuada para las casi 100 personas que podrían quedarse en la calle.
Dichas familias, formadas en su mayoría por personas mayores o con problemas de movilidad, firmaron un contrato con la Empresa Municipal de la Vivienda (Emgiasa) por el que cedían el uso de sus casas en el centro de la localidad por el de otras más accesibles en el nuevo barrio del Ensanche Sur.
Tras la declaración de Emgiasa en concurso de acreedores, un juez ha acordado una modificación puntual del Plan de Liquidación según la cual se debe proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado Plan Permuta, para que el dinero obtenido se destine a pagar a los acreedores. Muchos de los afectados por esta decisión no pueden volver a sus antiguos pisos porque están destrozados o son inaccesibles para ellos.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha recordado al Ayuntamiento que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales le obliga a controlar el funcionamiento financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
Por ello, le ha pedido que envíe los informes quea recojan las verificaciones realizadas sobre el cumplimiento de la normativa y los principios de buena gestión financiera, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas para paliar las deficiencias detectadas.
Además, la Institución también quiere conocer los puntos más relevantes que contiene el programa Plan Permuta y ha pedido una copia del modelo de contrato empleado para la firma entre Emgiasa y las familias