El Informe anual 2013 recoge una cifra histórica de resoluciones que supusieron importantes cambios para favorecer a los ciudadanos. Las reducción de las tasas judiciales en un 80% facilitó el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Las recomendaciones para que las administraciones den prioridad al pago de deudas relativas a gasto social fueron recogidas por el Plan de Proveedores.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy el Informe Anual 2013 al presidente del Congreso, Jesús Posada y al presidente del Senado, Pío García Escudero.
El Informe Anual recoge la actividad de la Institución en un año en el que se formularon 711 recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a la Administración, una cifra histórica.
De las resoluciones que ya han recibido respuesta de la Administración, se han aceptado el 74,4% de las recomendaciones y el 78,8% de las sugerencias. Durante su intervención en el Congreso, la Defensora ha hecho balance del trabajo realizado por la Institución el año pasado y ha resaltado algunos de los principales logros alcanzados.
Tasas judiciales
Tras la publicación de la la Ley de Tasas Judiciales, la Defensora formuló al Ministerio de Justicia recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de esta norma. En tan solo doce días desde la presentación de las recomendaciones la mayoría fueron aceptadas y se produjo el cambio legislativo. Así se redujeron en un 80% las tasas variables, se incrementó el número de personas beneficiarias de justicia gratuita y, por tanto, exentas de tasas judiciales, y se eliminaron las tasas, tanto fijas como variables, para algunos colectivos.
Atención prioritaria al gasto social en el pago a proveedores
Ante la preocupación por las deudas de varias administraciones con entidades que prestan servicios sociales, el Defensor del Pueblo solicitó al Ministerio de Hacienda que los fondos habilitados para el pago de deudas fueran destinados, en primer lugar, a las contraídas con este tipo de servicios asistenciales. La ampliación del Plan de Proveedores, recogió varias de estas propuestas.
Trata de seres humanos
En octubre se presentó una actualización del informe «La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles (2012)». De las 27 recomendaciones formuladas, se han aceptado 25. Así, se han establecido acciones coordinadas para la lucha contra la trata con toda la comunidad internacional; se han creado mecanismos nacionales como el plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o el convenio de cooperación entre los Ministerios de Empleo e Interior para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Viviendas públicas vacías
En marzo se publicó el estudio «Viviendas Protegidas Vacías» para conocer su número y las causas por las que no estaban ocupadas. La Institución recomendó una mayor colaboración entre las administraciones implicadas, especialmente comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que se favorezca el alquiler frente a la renta, con unos precios asequibles. El Ministerio de Fomento ha asumido las recomendaciones realizadas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.
Participaciones preferentes
El Defensor presentó en marzo un estudio sobre «Participaciones Preferentes» en el que se formulaban varias recomendaciones al Gobierno, a la CNMV y al Banco de España para solucionar la situación de los miles de ahorradores atrapados por la compra de estos productos. La Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros de la Comisión Económica del Congreso ha recogido casi todas las recomendaciones.
Informe sobre la gratuidad de los libros de texto
En noviembre la Institución publicó el estudio «Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización» que recomendaba promover la reutilización de los libros, por razones de economía y para fomentar el buen uso de bienes adquiridos con dinero público. Desde 2008, el Estado y las Comunidades Autónomas han dedicado 1.211.656.640 euros a financiar los programas de ayudas y gratuidad de libros de texto, lo que supone un descenso del 45,2%.
Regulación de la insolvencia personal
En el estudio «Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas» (noviembre) la Institución propuso establecer un procedimiento para regular la insolvencia personal de particulares de buena fe sobreendeudados, basado en la cultura del pago. El Defensor considera que dicho procedimiento tiene que ser fácil, eficaz y gratuito, y debe conciliarlos intereses de acreedores y deudores. Además, la resolución final debe fijar la quita, el plan de pagos, las condiciones y el plazo de vigencia.
Presentación del IVA en papel
Al final de 2013, se recibieron numerosas quejas sobre la obligatoriedad, a partir del 1 de enero de 2014, de presentar la declaración del IVA exclusivamente a través de Internet. La Institución solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT) que permita su presentación en papel, como se hacía hasta ahora, ya que, para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, los ciudadanos necesitan medios que, en algunas ocasiones, no están a su alcance, como ordenador personal, conexión a Internet y conocimientos de informática.
Asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares
La no asistencia sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular, con excepción de menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves, ha preocupado a la Institución. Así, ha solicitado exenciones totales o parciales del pago de la suscripción del convenio especial de asistencia sanitaria. Hay que señalar que algunas comunidades autónomas han habilitado sus propios procedimientos para dar la atención necesaria.
Centros de privación de libertad
En 2013 la Institución, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), visitó 60 lugares de privación de libertad. Se ha propuesto llevar a cabo mejoras en las instalaciones visitadas.
FUENTE: Defensor del Pueblo de España