El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio para conocer los detalles del caso de dos personas mayores que el pasado 18 de septiembre fueron desahuciadas de su hogar y terminaron pasando varias noches en la calle hasta que se conoció su situación.
Al parecer, el juzgado que ordenó el desahucio por impago del alquiler no comunicó a los Servicios Sociales la existencia de una familia especialmente vulnerable por no conocer la edad de los afectados ni sus circunstancias económicas.
Por este motivo, Fernández Marugán ha pedido información a la Jueza Decana de Oviedo para evitar que se repitan este tipo de sucesos.
En opinión del Defensor, casos como éste ponen de manifiesto que hay que mejorar los mecanismos y protocolos existentes para evitar fallos en la coordinación entre las diferentes administraciones que deriven en situaciones como la vivida por esta pareja.