Los miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y periodistas de 17 países acordaron en Quito promover la sensibilización y educación continua en derechos humanos en toda tarea de comunicación y difusión, y fomentar un tratamiento mediático equilibrado que respete los derechos de todas las personas.
«Se trata de que cada noticia y cada comunicado de prensa esté escrito con los derechos humanos en mente y que cada vez haya una mayor conciencia de la importancia de equilibrar el derecho de libertad de prensa y expresión con los derechos de los protagonistas de las noticias», explicó el responsable de la red de comunicadores de FIO (ComFIO), Eloy Gómez Raverta, responsable junto con el Defensor del Pueblo de Ecuador de la organización del encuentro.
Tras analizar y debatir casos reales aparecidos en prensa en los que derechos como la presunción de inocencia, la intimidad y la buena imagen han sido dejados de lado en favor de la necesidad de informar, los asistentes al taller «pautas para la práctica periodística y la comunicación institucional» que se comprometieron a difundir e impulsar.
Así, coincidieron en la necesidad de ratificar la libertad de expresión como un derecho humano que debe ser defendido, pero también «ponderado en igualdad de condiciones, con los demás derechos tutelados por el Estado».
«La libertad de expresión no es un derecho absoluto; está siempre sujeto a condiciones y limitaciones cuando interfiere con otros derechos», subrayó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García Sayán en su intervención en el seminario.
Para ello, los profesionales de la comunicación deberán «verificar, contrastar, confirmar y contextualizar los datos provenientes de todas las fuentes informativas, incluidas las nuevas tecnologías, para la elaboración de una noticia», afirma otra de las pautas aprobadas.
Por último, se acordó «procurar esfuerzos entre medios de prensa e instituciones y organizaciones de derechos humanos como posibles observadores en la labor de seguimiento a la información que emiten, para identificar y prevenir vulneraciones».
FUENTE: Defensor del Pueblo de España