El dolor de las víctimas se acrecienta, también, cuando autoridades judiciales o políticas extranjeras secundan la propaganda de los terroristas y sus grupos de apoyo.
El Defensor del Pueblo recomendó trasladar al Estado belga u otros Estados que pudieran denegar en un futuro la extradición a España de presuntos autores de delitos de terrorismo, en el marco de lo dispuesto en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y la Ley del Estatuto de la víctima del delito, la mayor información posible sobre el daño causado por el terrorismo, y sobre la realidad de nuestro país en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.
En su respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado al Defensor del Pueblo que las representaciones diplomáticas españolas reciben puntualmente instrucciones con objeto de vigilar la posible actividad de ETA y su entorno, y de salir al paso de los actos y campañas que sus simpatizantes pudieran emprender, y que aboga por la coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, junto con las asociaciones representantes de víctimas del terrorismo, para elaborar un Plan de Acción de España para la defensa, en el ámbito internacional de los derechos de las víctimas del terrorismo.
En el caso de la queja recibida (un Tribunal de Gante denegó la extradición de Natividad Jáuregui, alegando que había graves riesgos de que fuese sometida a torturas en caso de ser entregada a España), el Secretario de Estado para la Unión Europea, se dirigió con fecha 27 de mayo de 2015 al Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Timmermans, manifestando la profunda preocupación española por la decisión del Tribunal de Gante, que afecta a la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea. La carta también fue remitida al Ministro de Justicia de Bélgica.
Al tratarse de una decisión judicial lo que motivó el fundado malestar español y no un acto gubernamental, se hacía necesaria una respuesta en dicho ámbito judicial, lo que se llevó a cabo por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que ha emitido una nueva euroorden contra Natividad Jáuregui.
El Defensor del Pueblo considera que esa actuación de las representaciones diplomáticas y las asociaciones, en el marco de un Plan de Acción, es un camino adecuado para que se comprenda mejor en el exterior la realidad del terrorismo, sin mentiras ni razones aberrantes como si se hubieran tratado de actos cometidos contra un estado opresor. Y en ningún caso silenciar los derechos de las víctimas y el dolor que los terroristas han causado.
FUENTE: El Defensor del Pueblo de España