En los últimos meses, la Honorable Asamblea Legislativa ha desarrollado un proceso de estudio y debate acerca de la ratificación de un préstamo de 80 millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial, el cual está destinado al fortalecimiento del sistema salud pública. A la fecha, pese al cabildeo realizado por el Órgano Ejecutivo, y a las distintas propuestas planteadas y discutidas entre las distintas fracciones legislativas, aún no se ha logrado establecer un consenso para ratificar dicho préstamo.
En este contexto, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, de acuerdo con mi mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, y de promover y proponer medidas orientadas a prevenir violaciones a los mismos; he considerado imprescindible expresar mi posición ante esta decisión que guarda una relación directa con las posibilidades de que en nuestro país se dé cumplimiento al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Primeramente, debo recalcar la importancia de velar por la salud de la población salvadoreña como una obligación que ha sido reconocida en nuestra Constitución y en distintos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este punto, cabe aclarar que -tal y como lo establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su Observación General No. 14- dentro del contenido del derecho a la salud una parte fundamental es la disposición de un sistema de protección de la salud que brinde atención a toda la población en condiciones igualitarias y bajo estándares adecuados para sus necesidades.
En este sentido, una de las tareas esenciales de los Estados para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud es la construcción progresiva de un sistema que cuente con establecimientos, bienes y servicios en condiciones propicias para los cuidados de salud que requieren las personas, de acuerdo a sus padecimientos y necesidades. Así, los Estados deben asegurarse de que dichos establecimientos se encuentren disponibles para toda la población sin discriminación alguna, que sean accesibles de acuerdo a criterios geográficos y económicos, y que además sean aceptables en cuanto a calidad desde un punto de vista científico y ético.
Como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desde hace muchos años hemos venido señalando las deficiencias y dificultades presentes en nuestro sistema de salud, el cual se ha caracterizado por la insuficiencia de presupuesto, recursos y personal; alta segmentación, inequidad y fragmentación; limitaciones significativas en el alcance geográfico; y serios problemas de calidad y calidez en la atención. Pese a los esfuerzos realizados por las distintas administraciones de la cartera de Salud, aún existe una deuda muy importante con respecto a todos estos factores y, por lo tanto, el cumplimiento efectivo del derecho a la salud en la población salvadoreña enfrenta aún numerosos obstáculos.
El magro crecimiento económico que ha experimentado el país desde hace muchos años y la complicada situación de las finanzas públicas, ha obligado a que históricamente la asignación presupuestaria para instituciones públicas sea complementada con financiamiento proveniente de préstamos externos. No obstante, incluso con este apoyo, se ha constatado la insuficiencia de los recursos que son adjudicados a entidades como el Ministerio de Salud.
Pese a que en los últimos años se ha logrado un incremento en la inversión en salud, los niveles siguen siendo bajos, y son cotidianas las expresiones de inconformidad de toda la población ante la insuficiencia y el deterioro de los insumos y el equipo médico, el desabastecimiento de medicamentos, la falta de personal en salud, los prolongados intervalos de espera para las citas con especialistas, la negligencia y baja calidad en la atención por parte del personal, la saturación de los establecimientos y el deterioro de la infraestructura.
En la actualidad, es indudable que nos encontramos en un escenario complejo debido a los impactos de la crisis económica internacional. Sin embargo, de ninguna manera se puede comprometer un derecho fundamental de la población, como lo es el derecho a la salud. Los costos sociales que conlleva la desatención de las condiciones de vida de la población son altísimos y comprometen el desarrollo del país en su totalidad.
Por todo esto, he considerado necesario hacer un llamado a los diputados y las diputadas de la Honorable Asamblea Legislativa para que apoyen con sus votos la aprobación de este préstamo para el rubro de la cartera de Salud, el cual servirá para impulsar medidas encaminadas a fortalecer la cobertura, el equipamiento y los servicios que se brindan en los diferentes hospitales y clínicas del sistema nacional de salud. Cabe destacar que con los fondos provenientes de este préstamo se realizará una inversión importante en equipamiento médico, rehabilitación de infraestructura, investigación y tecnología; es decir, se trata de una inversión a largo plazo que beneficiará aproximadamente a 2.1 millones de personas, y que complementa lo obtenido mediante otros préstamos y la asignación presupuestaria interna que se concentra en las obligaciones y gastos constantes y periódicos del sistema de salud.
Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, deseo recalcar la importancia de generar un consenso entre los distintos sectores del país para aprobar este préstamo, teniendo en cuenta que la protección y la garantía del derecho a salud debe abordarse como un tema de nación. Es por ello que además de hacer un llamado a la aprobación de este préstamo, debo señalar que es fundamental que su ejecución esté caracterizada por la transparencia, la eficiencia y por la rendición de cuentas, para lo cual deben establecerse los mecanismos idóneos de contraloría social. Únicamente llegando a acuerdos de este tipo se logrará que los distintos sectores se comprometan a unir sus voluntades bajo una visión de país compartida y que avancemos por la senda del desarrollo humano.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, debo señalar que la no aprobación de este préstamo, representaría por parte de los diputados y las diputadas que no den sus votos para el mismo, una violación por omisión en cuanto al derecho a la salud de la población salvadoreña. Esta violación se traduciría en un futuro próximo en aspectos como la insuficiencia de insumos y equipo médico, deterioro de la infraestructura de la red pública de salud, baja calidad en la atención y falta de medicamentos esenciales, lo cual afectaría gravemente a la población en mayor situación de vulnerabilidad.
Finalmente, deseo reiterar mi compromiso de mantenerme vigilante de todas las acciones y decisiones que desde el Estado se impulsen a fin de cumplir progresivamente los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de la población salvadoreño.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador