Por decreto legislativo número 345, aprobado el siete de mayo del año 2010, el día 12 de mayo de cada año se conmemora el Día Nacional de la Solidaridad hacia las personas con VIH[1], fecha que se encuentra en el marco de la Vigilia Mundial (Candleligth Memorial) sobre el Sida, que se organiza desde el año de 1983 a iniciativa del Consejo Mundial para la Salud, que este año a nivel internacional se llevará a cabo el 18 de mayo; y según su finalidad, es una campaña de movilización de la comunidad para aumentar la conciencia social sobre el VIH y se configura como una intervención importante para la solidaridad mundial hacia las personas con VIH, rompiendo las barreras del estigma y la discriminación, dando esperanza a las nuevas generaciones.
El lema adoptado para este año es «Mantengamos la luz encendida iluminando el VIH», que invita a reflexionar sobre la adopción de medidas para una respuesta integral al VIH, en aras a la optimización de los recursos disponibles por el Estado, en vista al recorte progresivo del apoyo financiero de parte del Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que ha estado contribuyendo desde hace más de diez años en las necesidades económicas que conlleva la respuesta al VIH a nivel mundial, y nuestro país no ha sido la excepción.
De ahí que es imperativo que el Estado dentro de su agenda, brinde prioridad a las acciones de respuesta al VIH para seguir fortaleciendo áreas como la prevención de nuevas infecciones, la atención integral a las personas con VIH, la reducción del estigma y discriminación hacia las personas con VIH y poblaciones en mayor riesgo de adquirir la infección en todos los ámbitos de sus vidas, principalmente en la protección de sus derechos humanos.
Además, es importante recordar que la Vigilia Mundial del Sida fue iniciada por personas con VIH para darle un rostro a la epidemia; por lo tanto, esta fecha también nos llama a ejercer nuestro rol de corresponsables en el respeto de los derechos de todas las personas, sin discriminación y a sumarnos a la defensa de las demandas para la consecución de los mismos; asimismo, para que no olvidemos a las personas que ya fallecieron a causa del VIH, ya sea porque no tuvieron acceso a una atención especializada o por haber sido víctimas de la discriminación, siendo esta última uno de los mayores retos a superar de parte del Estado salvadoreño.
En este marco, como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hago el siguiente llamado:
– Al Órgano Ejecutivo para que se actualice la Política Nacional de Atención Integral de la epidemia, bajo un enfoque de Derechos Humanos, en la cual se incluya la realización de estudios integrales sobre el impacto futuro del VIH, que permitan evaluar el sostenimiento de la respuesta nacional a la misma;
– A los Órganos Legislativo y Ejecutivo, para que se realicen las gestiones pertinentes que conlleven a obtener un presupuesto suficiente con el que sea posible sostener la respuesta integral al VIH;
– A los Órganos Ejecutivo y Legislativo, que armonicen el marco jurídico del país, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado de respetar, proteger, asegurar y promover los derechos de las personas relacionados al VIH, para que la normativa nacional no sea un impedimento en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
– A la sociedad en general, para que contribuya a generar un ambiente libre de estigma y discriminación en beneficio de las personas con VIH.
San Salvador, 16 de mayo de 2014
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Decreto Legislativo número 345, de fecha 21 de mayo del año 2010, publicado en el Diario Oficial N° 100, Tomo 387, de fecha 31 de mayo del año 2010.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador