El 8 de marzo se conmemora el Día Nacional e Internacional por los Derechos de la Mujer y de la Paz Internacional, la fecha es propicia para reconocer los aportes de mujeres que individual o colectivamente han contribuido para hacer de El Salvador un país más inclusivo, y es también una oportunidad para evaluar los avances y desafíos pendientes en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Para este año, la Organización de Naciones Unidas ha adoptado el lema: «Igualdad para las Mujeres, progreso para todos y todas» el cual subraya que la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, el respeto total de sus derechos y la representación equitativa son esenciales para el desarrollo económico y social de un país.[1]
En los últimos años, El Salvador ha dado pasos significativos en la adopción de medidas legislativas referidas a los derechos humanos de las mujeres; tales como la «Ley de Igualdad Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres» (2011) y la «Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres» (2012). También se han elaborado y, actualmente se implementan, una serie de políticas nacionales y el «Programa Ciudad Mujer», el cual ofrece una atención integral para las mujeres.
Pese a estos avances, aún es necesario profundizar los esfuerzos institucionales en orden a eliminar los patrones y estereotipos culturales discriminatorios y, en general, cualquier obstáculo que impida la correcta aplicación del marco normativo existente y la eficaz ejecución de las políticas y programas. Dichos esfuerzos deben ser respaldados por recursos financieros adecuados, así como por el establecimiento de un sistema de información que permita analizar y tomar las decisiones más adecuadas para mejorar la situación de las mujeres y niñas a nivel nacional.
Para esta Procuraduría, uno de los aspectos que requiere mayor atención es el vínculo crítico que existe entre el acceso a una adecuada protección judicial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Las estadísticas demuestran que las mujeres y niñas continúan siendo víctimas de delitos que afectan su vida, salud e integridad[2] en cifras alarmantes, quedando la mayoría de casos en la impunidad.[3]
Es, por tanto, una obligación del Estado, y de manera primordial del Órgano Judicial y del Ministerio Público, dar una respuesta idónea, inmediata y efectiva frente a los actos de violencia contra las mujeres, actuar con la debida diligencia para investigar los hechos cometidos, lograr la sanción de los responsables y una adecuada reparación a las víctimas.
Por otra parte, es importante avanzar en la protección efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes, garantizando que la información y los servicios de salud estén disponibles, sean accesibles y de buena calidad. En ese sentido, es responsabilidad del Ministerio de Salud y, de manera general, de todos los Órganos del Estado, garantizar los derechos a la autonomía, confidencialidad, consentimiento informado y libre determinación de las mujeres.
Otro aspecto de especial importancia está vinculado con el derecho al trabajo. Las mujeres representan casi la mitad de la población económicamente activa, pero sus ocupaciones específicas están relacionadas mayoritariamente con el comercio y el rubro de los servicios donde el ingreso promedio mensual es 33% menor que el de los hombres.[4] A ello se suma la dificultad para acceder a puestos decisorios, las graves violaciones a derechos humanos en las maquilas, el acoso laboral y sexual y el trabajo reproductivo no remunerado.
La obligación del Estado es desarrollar acciones concretas y efectivas que aumenten la autonomía económica de las mujeres logrando su acceso pleno al mercado formal del trabajo. De manera particular es necesaria la protección de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y la eliminación de las prácticas discriminatorias en las condiciones laborales y oportunidades de trabajo.
Del mismo modo, es importante insistir en la adopción de medidas efectivas para lograr la representación equitativa de las mujeres en todos los espacios de decisión, de manera particular garantizando su participación en la formulación de políticas nacionales que afecten sus derechos y en general en todos los espacios relacionados con la vida pública y política del país.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) desempeña un importante papel en el impulso de estos procesos, por lo cual le motivo en esta ocasión, a continuar esforzándose en pro del cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional relacionada con los derechos humanos de las mujeres, desarrollando su mandato como organismo rector que tiene como base primordial las necesidades de las mujeres salvadoreñas y, de manera particular, los intereses de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Así mismo, recomiendo a la Asamblea Legislativa la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como muestra de buena fe y la voluntad política del Estado salvadoreño en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Finalmente, hago un llamado a las autoridades que resulten electas para el nuevo gobierno 2014-2019 a que impulsen de manera decidida y efectiva el fortalecimiento del ISDEMU y la implementación de políticas públicas que incluyan a la mujer como eje transversal en todos sus programas, medidas y acciones, las cuales deben asumir como un propósito ineludible, la consecución de la equidad real de género.
San Salvador, 8 de marzo de 2014
Licenciado David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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Mensaje de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres para el Día Internacional de la Mujer 2014.
La Policía Nacional Civil registró un total de 4,318 delitos contra las mujeres de enero a diciembre de 2013, de éstos 1,820 corresponden a violencia sexual, 2,283 a violencia intrafamiliar (enero a octubre) y 215 feminicidios. Tomado de ORMUSA, Observatorio de Violencia, Resumen 2013.
ACNUDH. Oficina Regional para América Central. «Violencia contra las Mujeres en El Salvador. Observaciones y Recomendaciones de los Órganos de los Tratados, Procedimientos Especiales y Examen Periódico Universal», año 2011.
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). «Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2012».
FUENTE: Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos