Este día celebramos una fecha histórica para el pueblo salvadoreño. En la mañana del 16 de enero de 1992, mediante la firma de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec, en México, el país daba por finalizada la etapa más crítica desde su nacimiento como república independiente y se comprometía a iniciar el camino hacia la construcción de una nación más justa y cohesionada, bajo las premisas de mantener la paz, fortalecer la democracia y garantizar la vigencia irrestricta de los derechos humanos.
Es probable que, en la actualidad, a menudo no ponderemos en justa medida la enorme repercusión que tuvo este suceso en la vida de la población salvadoreña. Es por ello que en esta fecha, considero imprescindible reafirmar la trascendencia de tales hechos y rescatar los grandes ideales que se plantearon en ese momento como guías sobre los cuales trazar un nuevo rumbo para el país.
Hoy podemos afirmar que -aunque parcial- el 16 de enero de 1992 se instituyó una verdadera ruptura con el pasado autoritario y represivo que caracterizó a El Salvador durante décadas. A pesar de los enormes desafíos que enfrentamos en la actualidad, se debe reconocer que El Salvador no es más aquel país sumido en la vorágine del terrorismo de Estado, procesos electorales fraudulentos, golpes de Estado e infames ultrajes a las libertades políticas más básicas, lo cual desembocó en el brutal conflicto armado que se extendió por 12 años y que cobró la vida de miles de salvadoreños y salvadoreñas.
En esta transformación ha sido clave el enfoque de derechos humanos que se plasmó en el espíritu y contenido de los Acuerdos de Paz. Como resultado de este proceso se llevó a cabo una profunda reforma en la composición, doctrina y programas de formación de la Fuerza Armada de El Salvador y, desde entonces, los cuerpos militares han respetado la subordinación constitucional que tienen respecto al poder civil. El FMLN por su parte, desmontó su estructura militar, entregó las armas y se constituyó en partido político.
Otra de las acciones esenciales derivadas de los Acuerdos de Paz fue la reforma policial. Los anteriores cuerpos de policía -también vinculados a graves violaciones a los derechos humanos- fueron disueltos, y se creó una nueva institución policial, dependiente de civiles, cuyo jefe máximo es el Presidente Constitucional de la República. A la vez, se estableció la Comisión de la Verdad, con el fin de investigar las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y promover medidas de reparación a favor de las víctimas. Sumado a esto, las reformas a la Constitución, al sistema electoral y al sistema jurídico efectuadas en este contexto, fueron de suma importancia para el fortalecimiento del equilibrio entre los distintos poderes públicos.
Es precisamente en este marco que nace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución de rango constitucional, con autonomía política, técnica y financiera, a la cual se le asigna la responsabilidad de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos.
En este sentido, es claro que el proceso de pacificación propició transformaciones profundas en el país, en las cuales los derechos humanos guardan un espacio primordial. Sin embargo, es imperioso que los avances obtenidos no nos impidan reconocer las enormes deudas y omisiones del Estado salvadoreño relacionadas al cumplimiento íntegro de los Acuerdos de Paz. Muchos de los propósitos establecidos en la agenda de democratización fueron cumplidos superficialmente, abandonados de forma prematura o completamente ignorados. Uno de los más notables es el cierre temprano del Foro Económico y Social, el cual se había concebido como el principal espacio de concertación entre los distintos sectores de la sociedad salvadoreña y se vislumbraba como el mecanismo idóneo para generar acuerdos de nación en torno a los planes de desarrollo del país, la superación de las injusticias sociales que dieron lugar al conflicto armado y la fundación de una nueva relación entre patronos y la clase trabajadora.
Asimismo, la desatención a las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad anuló la puesta en marcha de procesos de reparación y justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Por todo ello, en el marco de este 22° Aniversario de los Acuerdos, es necesario celebrar los avances logrados, pero a la vez impulsar el cumplimiento de los compromisos que no fueron atendidos. En este sentido, ha sido positivo observar que en los últimos años, el Estado salvadoreño ha realizado esfuerzos que abonan a saldar la deuda que aún se tiene con los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, ha sido esperanzador observar el giro del Estado al reconocer la responsabilidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Se pueden destacar acciones muy positivas como la creación de la «Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno» y el reconocimiento por parte del Órgano Ejecutivo de la veracidad de los hechos acaecidos durante la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, mediante un relevante acto de perdón presidencial. Igualmente, es positiva la reciente aprobación del decreto presidencial relativo al «Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno». No obstante, aún la deuda del sistema de justicia para superar la impunidad de los graves crímenes perpetrados en aquel período, es una necesidad vigente que sigue agraviando a miles de familiares sobrevivientes de la tragedia y a la sociedad en general.
Si bien el desarrollo de políticas de inclusión social y el avance de recientes reformas electorales materializan, también positivamente, el espíritu de los Acuerdos de Paz, aún representa un enorme desafío dar mayor alcance a estos cambios, así como considerar otras transformaciones ineludibles, como la efectiva reforma judicial y el fortalecimiento de una policía civil, profesional y no militarizada.
Para afrontar sus graves problemas, como la violencia y la alta victimización por la delincuencia común y organizada; así como las profundas desigualdades económicas y sociales que heredamos históricamente, El Salvador debe acudir al rumbo democrático y unificador que aún marcan los Acuerdos de Paz y no caer en soluciones antidemocráticas e inconstitucionales, las cuales solo han probado a lo largo de muchas décadas su ineficacia y su efecto de distorsionar los avances de la paz.
Por todo lo expuesto, en este 22° Aniversario, hago propicia la esperanza legítima de nuestra población, para que el espíritu de la paz y los cambios democráticos, continúen siendo fuente de inspiración para superar las crisis y problemas del presente.
Jueves 16 de enero de 2014
Licenciado David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de
El Salvador