Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente coincide con el tercer año de mandato del Gobierno Central, y considero pertinente orientar mi pronunciamiento a hacer una evaluación general y breve sobre la gestión en el orden ambiental en este período, ya que los problemas en esta área representan una compleja realidad en El Salvador, que vuelve difícil alcanzar las condiciones propicias para el desarrollo pleno de la población, tanto a nivel individual como colectivo, y por ende la realización de los derechos humanos.
Como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, el actual estado del medio ambiente resulta ser una consecuencia histórica de la deficiente o ausente gestión ambiental, en las políticas de país, consecuentemente, éstas no han estado impregnadas de manera transversal del enfoque de desarrollo sustentable. El máximo ente rector en materia ambiental, incluso, ha reconocido que el derecho al medio ambiente no es un derecho del que estemos gozando aun[1].
Por lo que, si bien en estos tres últimos años, se han reportado aspectos positivos, como la presentación de iniciativas de ley y reformas a la normativa ambiental existente; la creación de unidades especializadas y adquisición de equipo tecnológico dentro de la Cartera Ambiental; la atención interinstitucional coordinada y la disposición para resolver problemas a raíz de cárcavas en varios lugares y de bordas en ríos del país; así como los intentos por la descontaminación de ciertas zonas o recursos, como el caso de la remoción de barriles conteniendo toxafeno en San Miguel; la atención de los temas ambientales aun no es suficiente, al no apostarle a la causa y origen de estos problemas, ya que sigue permitiéndose la tala indiscriminada de arboles para dar paso a la urbanización y a proyectos viales, que no responden necesariamente a una adecuada planeación territorial con enfoque ambiental; la entidad rectora en medio ambiente sigue siendo una institución débil que es sobrepasada en sus capacidades para abordar integralmente los problemas ambientales del país, guardando silencio, incluso, en temáticas de gran envergadura en los que es necesaria su posición técnica, como la introducción de proyectos de explotación de minería metálica y las grandes represas, que pretenden escudarse bajo la etiqueta de proyectos de «desarrollo» o justificados en el «interés nacional», a pesar de acarrear consecuencias humanas, sociales y ambientales diversas y poco consensuadas.
Durante el tercer año de mandato del actual Gobierno Central, se ha reportado -tal como lo anunciaba en su Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014- que se han llevado a cabo procesos participativos para la construcción de políticas públicas, citando como uno de sus ejemplos a la Política Nacional de Medio Ambiente[2] –anunciada para su presentación oficial este 5 de junio-, sin embargo para la Procuraduría estos espacios no han sido suficientemente amplios ni han brindado la información necesaria para afirmar que la ciudadanía ha ejercido su derecho efectivo a la participación en los temas ambientales que le afectan, y se supere el concepto limitado de lo que se ha entendido por consulta pública.
Esta misma observación puede ser traslada a los casos de la evaluación ambiental estratégica en materia de minería metálica, de la que aun se desconoce su resultado; lo relativo al cambio climático, donde la sociedad civil ha demandado lo inconsulto y deficiente de las propuestas presentadas al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (PCPF por sus siglas en inglés), que luego harán difícil la implementación de una estrategia y plan nacional de cambio climático acorde a los compromisos internacionales adquiridos en la materia; o en la introducción de proyectos, como la represa hidroeléctrica El Chaparral, que desde sus inicios hace más de una década, adolece de vicios en los procesos de consulta pública y en los procedimientos implementados para la compra de tierras a los pobladores de los alrededores, aunado al hecho que actualmente su diseño debe sufrir modificaciones a raíz de cambios geológicos en la zona, y en el que además se cuestiona fuertemente su efectividad e inocuidad para suplir la demanda energética del país, ya que como a nivel internacional se ha establecido las grandes represas no representan una salida efectiva para ello, por sus impactos severos a nivel social y ambiental, proponiéndose en su lugar la promoción del ahorro energético y la búsqueda e inversión en otras alternativas sustentables.
En lo concerniente al acceso a la justicia ambiental, puede finalmente anotarse un avance con la aprobación en el mes de abril pasado, de la reformas a la Ley de Medio Ambiente, que crean formalmente los Juzgados Ambientales de Primera Instancia y las Cámaras de Segunda Instancia, como entidades especializadas para facilitar el acceso a la justicia y la posibilidad jurisdiccional de decretar medidas para la restauración de los daños ambientales o las acciones compensatorias que correspondan; siendo una demanda reiterada de la sociedad civil y de esta misma Institución, por los problemas para lograr la reparación de los daños ambientales por medio de la indemnización a las víctimas y la remediación del medio ambiente, y evitar a su vez la impunidad ambiental.
En relación a esto, es imposible no mencionar las dificultades en el caso emblemático de contaminación por plomo en el cantón Sitio del Niño del municipio de San Juan Opico, en el que después de 5 años del cierre de la fuente de contaminación, aún no se han llevado a cabo las medidas suficientes para la reparación del daño causado, y en el caso del proceso penal incoado, ha tenido una serie de dilaciones técnicas que han hecho difícil la conclusión para la reparación a nivel jurisdiccional; asimismo, otro caso importante, que es menester referir, es el de la evidente contaminación en el Río San Sebastián en Santa Rosa de Lima, presuntamente por los procesos de extracción minera metálica en la zona, décadas atrás, y que vulnera los derechos al agua, la alimentación, el medio ambiente y la vida misma de las poblaciones que viven en las riberas del río, si que sea atendido por las autoridades y se determine oficialmente los orígenes de su contaminación.
De lo anterior se colige que a nivel estatal debe tenerse claro que la protección integral del medio ambiente, es un aspecto fundamental para el desarrollo del país y que las políticas, planes y proyectos que se implementen deben contemplar, además de la gestión pública transparente, participativa e inclusiva, la protección y conservación de nuestro entorno natural y la solución integral de los problemas ambientales con los que ya contamos.
Por lo que, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, espero que la Política Nacional de Medio Ambiente que oficialmente se dará a conocer este día, represente un avance determinado, con un enfoque integral y preventivo para la protección y conservación del medio ambiente, y permita que su implementación cuente con los recursos para tal fin, en los restantes dos años del Gobierno actual, y marque el inicio de una política de Estado que le apueste a la defensa del medio ambiente.
San Salvador, 5 de junio de 2012
Lic. Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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[1][1] MARN. Folleto: Consulta pública para la política nacional del medio ambiente, El Salvador, 2011.
[2] Gobierno de El Salvador. El camino del cambio en El Salvador: creando las bases de una sociedad democrática, incluyente y equitativa, mayo de 2012.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos