El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante la inminente situación de riesgo a la vida, salud y medio ambiente para las personas que habitan en el cantón «Loma de Gallo» de San Luis Talpa, departamento de La Paz, por el abandono aproximado de catorce toneladas de tóxicos, entre los que se encuentra Toxafeno, Metilparatión y Sponto Quimatión[1] en una ex-bodega de la empresa «Quimagro[2], expresa lo siguiente:
Que sobre la base de las investigaciones efectuadas por esta Procuraduría en relación a la problemática descrita, se abrió el expediente LP-0075-2013, en atención a que los hechos constatados, hacen presumir graves afectaciones al derecho a la protección del medio ambiente, por omisión o negligencia en la regulación y control del manejo y disposición de desechos tóxicos; a la vida y salud, por omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente, en contravención a lo establecido en la Constitución de la República, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.
Ante este hecho el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, externa su preocupación porque, nuevamente, el país enfrenta similar problemática a la vivida en el año 2009, cuando se encontraron en estado de abandono 96 barriles conteniendo toxafeno en el interior de una bodega de la ex fábrica algodonera Monsanto, ubicada sobre la carretera Panamericana, kilómetro cuarenta y tres, carretera a La Unión, del departamento de San Miguel, y que, como se señalara oportunamente, causó graves impactos en la vida, salud y el medio ambiente en la zona; y porque los causantes de dicha contaminación no respondieron por los daños causados tanto a las personas y al medio ambiente.
Debo recordar que en esa oportunidad, ante la gravedad de los hechos y la tardanza de acciones por parte del Estado salvadoreño, esta Institución de Derechos Humanos, emitió Censura Pública, en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por incumplimiento de recomendaciones emitidas, orientadas a prevenir daños más profundo a la vida, salud y el ambiente, por el abandono de los referidos tóxicos y por negligencia en la gestión del adecuado embalaje, traslado, tratamiento y protección de los barriles conteniendo toxafeno.
Hoy, por segunda ocasión, enfrentamos una situación con similares impactos, y vuelvo a subrayar, que en este tipo de casos cuando se ha producido un daño como el de contaminación ambiental, atribuible a un particular, el aparato estatal debe contar con los mecanismos correspondientes para establecer responsabilidades, proceder a la reparación del daño causado por el responsable –como la descontaminación de una zona y de las afectaciones a las víctimas-, para que estos hechos lamentables no vuelvan a ocurrir . De no ser posible, el Estado subsidiariamente debe realizar todas las medidas necesarias para que las afectaciones a la vida, la salud, el ambiente y el resto de derechos conculcados, producto de la contaminación originada por un particular o empresa, cesen de inmediato y se reparen los daños causados.
En el caso particular, diferentes medios de comunicación han informado que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Fiscalía General de la República (FGR), han realizado verificaciones en la zona, y que el primero ha iniciado una serie de acciones para salvaguardar el ambiente, vida y salud de las comunidades afectadas; sin embargo, el pasado 19 de junio, se recibió la ampliación de la denuncia por parte del señor Salvador Alejandro Menéndez García, Alcalde del municipio de San Luis Talpa, quien acompañado por personas del lugar, externaron su preocupación porque consideran que dichas acciones no han sido suficientes, oportunas, ni efectivas, frente a la magnitud y urgencia de la problemática que enfrentan las poblaciones impactadas, especialmente en salud.
Por lo anterior considero que la presente situación demanda acciones urgentes para evitar que se siga agravando la situación de contaminación, procediendo a realizar un estudio detallado, en el que se informe a la población afectada y a la sociedad en su conjunto de las repercusiones que los tóxicos está produciendo en la salud de las personas; así como de las medidas que se tomen a fin de evitar mayores daños e impactos futuros.
Por lo tanto, atendiendo el mandato constitucional y legal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respecto de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, promoverlos y supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas y ante la gravedad de la situación aquí señalada, ratifico y amplio las recomendaciones emitidas el pasado 9 de junio en la resolución inicial del expediente arriba relacionado:
Al señor Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Que gestione el inmediato retiro y adecuado embalaje, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos tóxicos, de conformidad con lo establecido en las directrices técnicas para la gestión ambiental
racional de desechos de Contaminantes Orgánicos Persistentes, elaborados por la Secretaría del Convenio de Basilea, en acuerdo al Convenio del mismo nombre y el Reglamento Especial en materia de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos; lo anterior, con el objeto que cesen las afectaciones a la salud, la vida y el medio ambiente que puedan estar produciéndose a la fecha, y realice todas las acciones y procedimientos adecuados para llevar a cabo un tratamiento integral de los tóxicos relacionados, así como proceder a la descontaminación en la zona.
A la señora Ministra de Salud
Proceda a realizar una investigación exhaustiva sobre los graves padecimientos en salud en los pobladores que habitan alrededor de la zona impactada por el abandono de los tóxicos, tal como lo denuncia el señor Alcalde del municipio de San Luis Talpa, y se proceda a dar una pronta atención en salud y se informe sobre las acciones y medidas adoptadas.
Al señor Fiscal General de la República
Proceda a la investigación de este hecho, y se deduzcan las responsabilidades correspondientes.
Esta Procuraduría se mantendrá vigilante de las actuaciones que realicen las autoridades supra señaladas en relación a este caso con el objetivo de proteger la vida, la salud y el medio ambiente de las poblaciones que hoy se ven amenazadas.
San Salvador, 24 de junio de 2013
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
[1] LPG: «Hallan Tóxicos en Zona Rural de La Paz», 19 de abril de 2013.
[2] La Fábrica Química Agrícola Internacional S.A. de C.V., conocida como «Quimagro», se dedicó a elaborar pesticidas en San Luis Talpa, La Paz.