Como ha sido del conocimiento público, el Señor Alcalde Municipal de San Salvador, Doctor Norman Noel Quijano González, desde el inicio de su mandato el 1 de mayo de 2009, ha emprendido lo que ha denominado un proceso de recuperación del Centro Histórico de San Salvador, el que se ha puesto de manifiesto principalmente con la ejecución de un plan de desalojos de ventas informales ubicadas en distintos espacios públicos de la ciudad capital.
Entre los principales lugares intervenidos en San Salvador se encuentran la zona de la Alameda Juan Pablo II, en los contornos del Parque Infantil; la zona de los principales hospitales del Centro Médico Nacional, a inmediaciones de la 25 Avenida Sur; la zona de Metrocentro; y más recientemente, el desalojo realizado mediante dos fases en la Calle Arce, y arterias aledañas como la 7ª, la 9ª y la 11ª Avenida Norte. Asimismo, según declaraciones brindadas por el mismo Alcalde de San Salvador, el desalojo más próximo estará dirigido a los comercios informales instalados al interior de la Plaza San José.
La última acción realizada en la Calle Arce y calles aledañas, ejecutada en horas de la noche del día 7 y en la madrugada del 8 de mayo, y que se realizó con amplio uso de la fuerza, generó graves disturbios a consecuencia del operativo que, sin previo aviso, implementó la Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Durante este operativo varias personas resultaron lesionadas, un número significativo de personas fueron intoxicadas por la inhalación de gases lacrimógenos, aproximadamente 300 puestos de venta fueron destruidos en el mismo desalojo, múltiples daños fueron causados en semáforos y en los edificios del Palacio y Teatro Nacional, algunos negocios de comerciantes formales de la zona fueron saqueados, y 10 personas fueron capturadas.
Según la verificación directa realizada por esta Procuraduría, aproximadamente a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del día 7 de mayo, hubo una fuerte presencia de elementos de la UMO, quienes procedieron inmediatamente al operativo de dispersión, no respetando el protocolo que ellos mismos han utilizado en circunstancias similares, en el sentido de advertir previamente a los grupos en protesta la posible intervención policial, así como también solicitar la intermediación de la PDDH, a fin de evitar consecuencias lamentables como las que efectivamente ocurrieron.
En la intervención policial, se observó que los elementos de la UMO hicieron uso extremo de la fuerza, lanzando balas de goma y escopetazos a las personas que protestaban, entre las cuales se encontraban una buena cantidad de comerciantes informales. También se observó que lanzaron gas lacrimógeno en exceso, afectando toda la zona incluyendo el Mercado Central y la Calle Gerardo Barrios, para conseguir dispersar a los vendedores hasta el Palacio y el Teatro Nacional. Los efectos del gas lacrimógeno fueron tan fuertes, que finalmente restringió la verificación de esta Procuraduría, pues los elementos de la UMO en ese momento no respetaron a ninguna persona[1].
En los procesos de reordenamiento antes aludidos, la Alcaldía Municipal de San Salvador, particularmente el Doctor Norman Noel Quijano González, en su calidad de Representante Legal de la Comuna, ha ignorado los reiterados llamados al Diálogo que tanto por escrito como públicamente le he realizado como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, haciendo uso de mis facultades constitucionales y legales. De esta forma, su omisión no ha permitido la instalación de una Mesa de Diálogo, para que en presencia de una Institución Mediadora, y de manera sistemática y transparente, se puedan conocer las propuestas y alternativas ofrecidas por las partes y encaminarse hacia la solución de la problemática, bajo el irrestricto respeto de los derechos de las personas dedicadas al comercio informal y el interés general de la población residente en San Salvador.
Por el contrario, el Alcalde de San Salvador, ha privilegiado la utilización de la fuerza para implementar los desalojos, apoyándose en una gran cantidad de elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), contando con la ayuda logística y operativa de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes en cada desalojo despliegan un significativo contingente policial de Seguridad Pública y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).
En el último procedimiento de desalojo realizado los días 7 y 8 de mayo del corriente año, la PNC fue la encargada de realizar directamente el procedimiento de dispersión de las personas que se oponían al mismo, lo que permitió posteriormente el ingreso del personal municipal que con maquinaria pesada efectuó el desmontaje y destrucción de los puestos y el respectivo decomiso del producto que se encontraba en los mismos.
A ese respecto, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, públicamente he reconocido la competencia que tienen las municipalidades para realizar procedimientos de ordenamiento, y he expresado que el cumplimiento de tales medidas se vuelve mucho más importante, cuando su objetivo va encaminado a resguardar aquellos espacios públicos destinados a favor del tránsito de personas o para su recreación o esparcimiento, así como aquellos lugares en los cuales se encuentran ubicadas instalaciones de uso vital para la población, como son los centros hospitalarios, unidades de salud, instalaciones educativas o de cualquier otro tipo de servicio público o privado[2].
Sin embargo, también he sido muy enfático en rechazar el hecho que desde la misma autoridad municipal se privilegie la fuerza y arbitrariedad, en la aplicación de medidas que tienen un grave impacto social y que por ende requieren la realización de auténticos esfuerzos orientados a la construcción de alternativas por medio del diálogo y la participación plena de todos los sectores involucrados[3].
Por ello, en el caso concreto de las acciones de desalojo de ventas informales que implementa la municipalidad de San Salvador, he visto con bastante preocupación que las mismas se han estado realizando bajo la modalidad de Desalojos Forzosos y que estas han impactado a un significativo grupo de comerciantes informales, lo que desde una estricta perspectiva de derechos fundamentales, se convierte en una clara vulneración a un conjunto de derechos individuales y sociales de las personas desalojadas y de sus familiares[4].
De lo que se ha intentado hacer conciencia en las intervenciones de este servidor, es que si bien es cierto a la Alcaldía Municipal de San Salvador le asisten potestades para el reordenamiento de los espacios públicos en la ciudad, y que dicho reordenamiento inclusive goza de mucha complacencia entre la población capitalina, el mismo debe realizarse bajo los parámetros constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica que las acciones encaminadas a desarrollar este proceso deben realizarse con un estricto respeto a la dignidad humana, a la integridad personal, al derecho a trabajar, al ejercicio lícito de actividades comerciales y al goce de un nivel de vida digno de las personas.
Lo ocurrido el día 7 y 8 de mayo en el Centro Histórico de San Salvador, específicamente en la Calle Arce y sectores aledaños, constituye una grave violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y podría considerarse una especie de retroceso en los pocos avances democráticos que vive El Salvador. Desde el punto de vista de este Procurador, estos eventos han significado privilegiar el uso desmedido de la fuerza en detrimento de la aplicación de métodos pacíficos para la solución de los conflictos sociales, los que, por complejos que sean, podrían encontrar un mejor desenlace a través del diálogo y negociación.
De las violaciones anteriores, son responsables el Señor Alcalde Municipal de San Salvador, Doctor Norman Noel Quijano González y las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC). Justamente a fin evitar la confrontación y el desenlace previsible, la misma noche del sábado 7 de mayo, me comuniqué directamente con el Señor Director de la PNC, Comisionado Carlos Antonio Ascencio Girón, pero mis gestiones fueron infructuosas, ya que la corporación policial procedió a realizar el operativo antidisturbios con las consecuencias ya conocidas por la población.
Debo destacar, mi más profundo rechazo a todo acto de violencia ejecutado por las personas que participaron en la protesta del 7 y 8 de mayo, ya que si bien es cierto, por el uso de la fuerza utilizado en el desalojo, tales acciones eran previsibles, no son justificables desde ningún punto de vista, constituyendo hechos censurables que atentan contra la estabilidad, gobernabilidad y seguridad de las personas, y no contribuyen en modo alguno a la solución integral del problema.
En la presente situación, también hay que destacar la clara vulneración a los derechos de las mujeres, ya que se han llevado a cabo detenciones y malos tratos a muchas mujeres que luchan diariamente en el centro de San Salvador por su propia subsistencia y la de su grupo familiar, muchas de ellas en condición de jefas de hogar. Esto pone en evidencia la grave situación de las mujeres en nuestro país, en su faceta de discriminación y vulneración a sus derechos humanos en materia de igualdad de acceso a fuentes de trabajo y participación económica.
Además, como Procurador también condeno los actos de violencia ocurridos ese día, dañando instalaciones de monumentos que forman parte de nuestro patrimonio cultural, medida que no puedo justificar pero que pudo haberse evitado si se hubiera hecho eco a la llamada de diálogo por parte de esta Procuraduría.
Frente a situaciones de tal gravedad, dado el detalle de las actuaciones de la Alcaldía Municipal de San Salvador y Policía Nacional Civil (PNC), como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, me pronuncio de la manera siguiente:
1. Señalar con profunda preocupación las violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales cometidas por el Señor Alcalde Municipal de San Salvador, Doctor Norman Noel Quijano González y las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), al realizar procedimientos de desalojo de ventas informales haciendo un uso excesivo de la fuerza, sin haber agotado el mecanismo del diálogo y negociación de forma seria y transparente, y habiéndose ignorado, por parte de la municipalidad de San Salvador, los reiterados llamados que esta Procuraduría le ha realizado para tomar en cuenta su función mediadora como una contribución a la solución pacífica del problemática. Las violaciones cometidas en contra de los comerciantes informales en los procedimientos del 7 y 8 de mayo del corriente año, son a los derechos a la integridad física y moral, al trabajo, a la propiedad y al debido proceso administrativo.
2. Reiterar al Señor Alcalde Municipal de San Salvador y a su Concejo Municipal, la necesidad de instalar procesos de diálogo y negociación, que vayan más allá de las meras reuniones informativas sostenidas con los comerciantes informales afectados y que se conviertan en verdaderos espacios de búsqueda de las mejores alternativas para la implementación de los planes de reordenamiento que impulsa la municipalidad, aceptando la misión fundamental de una Institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de otras personalidades o Instituciones que pueden ser garantes de la transparencia y buena fe de tan necesarios procesos.
3. Recomendar la suspensión inmediata de los desalojos violentos que la Alcaldía Municipal de San Salvador viene desarrollando, por ser violatorios a la constitucionalidad y a la legalidad. En este sentido, es necesario respetar el debido proceso administrativo de los comerciantes afectados con los procesos de reordenamiento y evitar ampararse en una Ordenanza Municipal para afectar o restringir derechos fundamentales de las personas. De manera particular se insta no seguir violando los derechos de las mujeres, buscando las alternativas dignas para que la gran cantidad de mujeres que se dedican al comercio en el Centro de San Salvador, no sean afectadas por el reordenamiento capitalino, y que por el contrario se les beneficie propiciándoles mejores oportunidades para ganarse el sustento diario y de su familia; recordando que las mujeres tienen derecho a la no violencia tanto en el ámbito público como en el privado.
4. Haciendo un llamado muy especial a los comerciantes informales para que desistan de la violencia para enfrentar los planes de reordenamiento que impulsa la Comuna capitalina, y a que favorezcan la búsqueda de un diálogo sincero y sin interferencias. Solamente de esta forma podrán abonar a la conciliación entre el mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad y el derecho legítimo que les asiste de acceder a ingresos por medio de actividades lícitas como el ejercicio del comercio.
5. Solicitar a la Fiscalía General de la República, el cumplimiento de su mandato constitucional de realizar las investigaciones pertinentes sobre los ilícitos cometidos el día 7 y 8 de mayo del corriente año en el Centro Histórico de San Salvador con motivo del desalojo realizado por la Alcaldía Municipal de San Salvador en coordinación con la Policía Nacional Civil.
6. Finalmente hacer un llamado a la Señora Inspectora General de la Policía Nacional Civil (PNC), licenciada Zaira Navas, a que revise la actuación de la corporación policial en los desalojos antes mencionados, especialmente la intervención de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), con el objeto de determinar los procedimientos irregulares y violatorios a los derechos humanos y las libertades fundamentales en los cuales han participado sus integrantes, al formar parte de los desalojos forzosos ordenados por la Alcaldía Municipal de San Salvador.
Finalmente, deseo reiterar que como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, por el encargo que me ha asignado el pueblo salvadoreño por medio de la Asamblea Legislativa, me mantendré vigilante de estos hechos que afectan a las vendedoras y los vendedores del sector informal, cuyo incremento obedece a una acumulación de pobreza que se ha venido profundizando dentro de los últimos años por falta de adecuadas políticas públicas que atiendan el pleno empleo y las demás necesidades sociales de la población en general.
Dado en San Salvador, a los doce días del mes de mayo de 2011.
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador.