Un hecho histórico y relevante para proteger los mantos acuíferos que abastecen la zona paracentral de El Salvador, es el resultado de una importante reunión entre la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero de Guevara y su homólogo de Guatemala, Jordán Rodas.
El encuentro permitió la firma de una carta de entendimiento para la ejecución conjunta del proyecto “Fortaleciendo las capacidades del personal de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de El Salvador y Guatemala”.
La articulación de ambas instituciones se vuelve importante, al existir el riesgo que se reactive el proyecto minero Cerro Blanco, que si bien tendría lugar en Guatemala, la actividad extractiva podría tener repercusiones en los recursos naturales de El Salvador.
La Defensora del Pueblo, Raquel Caballero de Guevara, sostuvo, además una reunión con sociedad civil de ambos países de la cual surgió la creación de un comité técnico, que se encargará diseñar una hoja de ruta que garantice los derechos humanos de manera integral para pobladores de Guatemala y El Salvador.
Detalló, que ambas instituciones tienen expedientes abiertos ante el impacto que podría producir la actividad minera en el Cerro Blanco y que ahora se retoma a fin de incidir en una prohibición definitiva.
Con la carta de entendimiento queda establecido un equipo técnico, integrado por las Procuradurías de Guatemala y El Salvador, así como sociedad civil de los dos países, cuya hoja de ruta no descarta activar el sistema interamericano para que se decrete una medida cautelar para que las autoridades guatemaltecas no permitan el proyecto minero Cerro Blanco.
El trabajo en conjunto cuenta con el apoyo financiero del Instituto Danés de Derechos Humanos y la Unión Europea.