El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. David Ernesto Morales, respecto a la Reforma Constitucional ratificada por la Asamblea Legislativa el 12 de junio del 2014, sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador, agregando un inciso 2°, al artículo 63 de nuestra Carta Magna el cual se lee: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”, ha expresado en una conferencia de prensa su preocupación en torno a la falta de iniciativas concretas por parte de las autoridades estatales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con este importante grupo poblacional.
Con respecto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” el Procurador hace un vehemente llamado al Órgano Ejecutivo y al Órgano Legislativo, a firmar y ratificar dicho instrumento, por ser una exigencia de los pueblos indígenas de El Salvador y la comunidad internacional, además de uncompromiso adoptado a través de las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD), como resultado de la defensa verbal que el Estado salvadoreño realizó ante el mismo, en el mes de agosto del año 2014 y del Examen Periódico Universal, EPU 2014.
También el Procurador ha dejado en claro su preocupación en torno a la persistente discriminación a los pueblos indígenas de nuestro país, de lo cual el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD) ha realizado otra serie de observaciones referidas a la realización de un censo para visibilizar el porcentaje de población indígena y la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de una definición de discriminación racial apegada a los estándares de la Convención, algo que hasta la fecha tampoco se ha cumplido.
A un año de la ratificación de la reforma antes citada, aún hay una deuda histórica del Estado salvadoreño de dotar a los pueblos indígenas de una protección especial para garantizar sus derechos, especialmente aquellos que se ejercen de manera colectiva, conforme a su cosmovisión indígena, formas de vida y tradiciones.
En su posicionamiento el titular de la PDDH ha destacado las graves violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas los Pueblos Indígenas, tales como el etnocidio de 1932, la masacre de Las Hojas de 1983, la situación de discriminación e invisibilización y la negación de su existencia, a pesar de que El Salvador adquirió la obligación de adoptar las políticas públicas necesarias, sustentadas en un enfoque de derechos humanos para evitar que hechos como los antes citados se repitan. También, considera importante mencionar que se conoce la propuesta de Política Pública para Pueblos Indígenas por parte del Órgano Ejecutivo, pero ésta aún no ha sido oficializada.
Finalmente, aprovecha la conmemoración del primer año de la ratificación de la reforma constitucional para reiterar el compromiso y disposición de trabajar en coordinación con los sectores involucrados en este tema para que a la población indígena de El Salvador les sean reivindicados sus derechos fundamentales.
FUENTE: La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador