El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, envió el pasado 28 de septiembre una carta al Presidente de la República, Mauricio Funes, para exponerle su opinión sobre las reformas a los artículos 38, 177, 178, 179, 180, 183,191 y la adición de los artículos 183-A, 191-A, 191-B y 191-C, todos del Código Penal que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 08 de septiembre de este año, conocidas como despenalización de la crítica periodística.
Tratándose de un tema estrechamente relacionado con derechos tan fundamentales como la libertad de expresión, derecho a la información, derecho al honor, a la intimidad e imagen el Procurador Luna expuso en la misiva que las restricciones a la libertad de expresión, son validas y se entienden por legítimas siempre y cuando se establezcan bajo los parámetros internacionales y el respeto a los derechos de la población.
Además, que el “despenalizar” la protección de la reputación, el honor y otros derechos relacionados como lo han propuesto organismos internacionales, a juicio de la PDDH debe entenderse en el sentido que la discusión debe ser sobre si la protección más eficaz de estos derechos debe hacerse a través de la imposición de la pena de cárcel o mediante una sanción que contemple penas que no sean privativas de libertad.
Convencido de la importancia de la libertad de expresión y el ejercicio de un periodismo independiente y veraz para el fortalecimiento de la democracia de El Salvador, y a la vez, del delicado equilibrio que debe existir entre no establecer límites que coarten esta liberad, y la defensa de los derechos a la intimidad, honor y la propia imagen de las personas, ya sean particulares o funcionarios públicos, el Procurador recomiendó al Presidente Funes un proceso de consultas con los actores claves en el tema, para acordar un ante proyecto de ley que regule el ejercicio del periodismo que incluya aspectos éticos que deben ser respetados por los medios de comunicación, y que establezca los derechos de los periodistas.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador