El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado David Ernesto Morales Cruz, ha dado a conocer públicamente el Informe «Sobre el Uso de Agrotóxicos en El Salvador y el Impacto en los Derechos Humanos», en el cual se destaca el alcance y la complejidad de la problemática causada por el uso de estas sustancias en el país.
El informe se fundamenta en la protección de los derechos humanos y se espera sirva de aporte en el análisis que la Asamblea Legislativa y otras instituciones estatales realizan en relación a la temática del uso de agrotóxicos en El Salvador, con el fin de que adecuen las leyes y las políticas públicas sobre la materia a los estándares internacionales de derechos humanos.
En el estudio se otorga una atención especial a la alarmante alza de casos de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales (ERCnT) que ha producido un elevado número de fallecimientos en algunas zonas del territorio nacional, particularmente en lugares como los municipios de San Luis Talpa y Olocuilta. Asimismo, se analiza la propuesta de reforma a la Ley de Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agropecuario que, entre otras cosas, prohibiría el uso de 53 ingredientes activos de plaguicidas. Igualmente, en el informe se examina –a la luz del enfoque de derechos humanos– el actual modelo de agricultura salvadoreña, el cual promueve prácticas basadas en el uso intensivo de agrotóxicos, no obstante que los mismos están asociados a diversos problemas de salud y ambientales, según investigaciones técnicas y científicas.
El Procurador concluye que el modelo de agricultura actual, basado en el uso intensivo de agrotóxicos, ha generado trasgresiones a los derechos humanos y la pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, pues las políticas gropecuarias que por décadas se han implementado, no han tenido un enfoque prioritario en la sustentabilidad, la preservación de la biodiversidad, la dignificación de la persona humana, ni en el derecho a la autodeterminación. Por el contrario, este modelo se ha volcado a una visión mercantilista que se suma negativamente a los grandes problemas actuales como los efectos del cambio climático, la demanda energética, la falta de acceso y la escasez y contaminación del agua, la sequía, los relacionados al hambre y desnutrición, y la pérdida de biodiversidad. Problemas que sufren con más profundidad las comunidades rurales del país, impidiendo su desarrollo integral y la superación de la pobreza.
Aunado a ello, se destaca que comunidades enteras están sometidas a la contaminación de sus fuentes de agua, de los alimentos y la tierra por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Por lo que se vuelve imperioso transformar la lógica de la agricultura salvadoreña, tanto a nivel familiar y de subsistencia, como a gran escala.
Si bien es cierto en el informe se destacan aspectos positivos respecto a la investigación de la ERCnT realizada en el país y la atención integral por la contaminación en la explanta QUIMAGRO en el cantón Loma de Gallo, los esfuerzos aún no son suficientes frente a los profundos impactos que los agrotóxicos han conllevado para el país, por lo que debe convertirse en un tema central, como parte de la construcción de un país libre de prácticas que violentan el derecho a la salud y a la vida.
El Informe destaca que los efectos en la salud humana y el medio ambiente, asociados al uso de agrotóxicos han sido extensamente investigados y documentados a lo largo de los años, y que esas investigaciones llaman a hacer uso de los principios de precaución y prevención, con el fin de evitar mayores consecuencias negativas y poder avanzar en estudios que permitan profundizar en tecnologías agrícolas alternativas y la mejor atención de los daños. La situación actual genera costos incuantificables para el país y serias afectaciones a la salud y al medioambiente, que representan problemas no solo en el corto plazo, sino también afectaciones para las condiciones de vida de las generaciones venideras.
A partir de esta realidad, el Procurador emite una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades con competencia en la materia, bajo la premisa de que la apuesta como país debe enfocarse en repensar y sustituir las prácticas agrícolas que afectan los derechos humanos y el desarrollo de una vida digna de la población, especialmente –pero no de forma exclusiva– de las comunidades rurales agrícolas del país; y avanzar hacia aquellas prácticas que respondan y construyan un modelo de agricultura ecológica y basado en una política pública en materia agrícola que asegure los derechos humanos.
FUENTE: Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador
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