Ante los nuevos acontecimientos ocurridos como consecuencia del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, expreso…
1. Mi profunda preocupación por el clima de tensión que ha generado el distanciamiento de posiciones entre ambos Órganos del Estado, lo cual es absolutamente negativo para el país y en nada contribuye a los esfuerzos realizados hasta ahora para el desarrollo democrático e institucional, y para la armonía social que tanta falta le hace a la población.
2. Al respecto llamo a la reflexión a las máximas autoridades de ambos Órganos del Estado para que ante todo, hagan prevalecer el interés del país por sobre cualquier otra intención de aprovechamiento sobre la actual coyuntura por partidos políticos, grupos de poder, o de cualquier otra naturaleza.
3. Llamo la atención de toda la población sobre la necesidad de que tanto la Asamblea Legislativa como la Sala de lo Constitucional vuelvan a dirigir todos sus esfuerzos hacia la solución de los problemas que día con día enfrenta la población, ya que la actual coyuntura ha dejado en segundo plano las graves consecuencias que provocan la pobreza, la inseguridad ciudadana, la corrupción y otros problemas nacionales.
4. A los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, les insto a que busquen con urgencia una solución conjunta a este conflicto para evitar un posible enfrentamiento con el Órgano Judicial este próximo 1° de julio, sin necesidad de hacer uso de las fuerzas armadas o policiales. Dicha solución podría partir sobre la base de ratificar en sus cargos a todos los Magistrados y Magistradas electos, tanto de la llamada generación 2006 como de la generación 2012.
5. A las organizaciones sociales, gremiales, empresariales y a la población en general, les exhorto a evitar todo tipo de confrontación y actividades que vayan en detrimento de la armonía y la paz social. Lejos de eso, les hago un vehemente llamado a unir sus voces para exigir una pronta solución con base en el respeto al ordenamiento jurídico salvadoreño y el bien común, para devolver al país la tranquilidad pública.
6. Como defensor del pueblo pido al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, que eviten en lo posible que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, intervengan en este conflicto, el cual debe solucionarse pacíficamente entre ambos Órganos del Estado, con un solo propósito: asegurar el Estado de Derecho en El Salvador.
7. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estará atenta para participar en cualquier acción que en cumplimiento de su mandato constitucional, le demande la protección y garantía de los derechos humanos de la población.
San Salvador, 29 de junio de 2012.
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos