Este día, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales Cruz, emitió dos resoluciones referentes a casos de privación arbitraria de la vida por ejecuciones extralegales y uso desproporcionado de armas de fuego ocurridos en 2015, en el marco de operativos de seguridad pública llevados a cabo por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES).
Ambas investigaciones fueron iniciadas a raíz de sendos reportajes del periódico digital El Faro y del rotativo La Prensa Gráfica, las cuales evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley en dichos operativos.
El primero de los casos se refiere al Expediente SS-0309-2015, iniciado a raíz del reporte del fallecimiento de ocho personas –seis de ellos hombres adultos de edades entre los veinte y cuarenta años, un joven de 17 años y una joven de 16 años– durante un operativo policial llevado a cabo en la medianoche del 26 de marzo de 2015, en la Finca San Blas del cantón El Matazano II, municipio de San José Villanueva, departamento de La Libertad.
En la resolución sobre este caso se establece que existen elementos suficientes de investigación para establecer la responsabilidad de efectivos policiales por la ejecución extralegal en perjuicio de dos de las personas fallecidas: Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero. Además, también existen elementos suficientes para establecer la presunción respecto a que se haya producido igualmente la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal de seis personas más que fallecieron durante el operativo.
La evidencia forense reveló que cuatro de los cuerpos fueron movidos de posición para alterar la escena. Uno de los fallecidos presentó edema cerebral, pese a sufrir lesiones en órganos vitales que hubieran provocado muerte súbita, lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estando herido. Las lesiones de Dennis Hernández y Sonia Guerrero, son características de ejecuciones extralegales.
El segundo caso es el Expediente SS-0369-2015, referido a la muerte de cinco personas –tres hombres adultos, un joven de diecisiete años y otro joven de quince años– durante un operativo conjunto de la PNC y la FAES llevado a cabo el 16 de agosto de 2015 en el Caserío La Loma, cantón Pajales, Panchimalco, Departamento de San Salvador.Sobre este caso se ha determinado que existen elementos suficientes de investigación para establecer la responsabilidad de los efectivos policiales y militares por la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal de las cinco personas que fallecieron durante el operativo. Además, se ha establecido que en este caso se puso en grave riesgo la vida e integridad física de un niño y una niña que se encontraban junto a sus madres en el interior del cuarto donde se localizaron los cuerpos de los cinco jóvenes fallecidos.
Tres de los fallecidos presentaban edema cerebral, a pesar de recibir múltiples disparos en órganos vitales que hubieran generado muerte súbita, lo que hace presumir nuevos disparos cuando ya estaban heridos. Existe información testimonial que refiere que se realizaron las ejecuciones, pero ha sido ignorada por las autoridades policiales. La Fuerza Armada se negó a proporcionar la información requerida por esta Procuraduría.
En ambos casos resueltos, también el Procurador Morales ha identificado serias irregularidades en las primeras diligencias de investigación de los hechos, las cuales dificultan la búsqueda de la verdad con respecto a la responsabilidad por parte de los efectivos policiales y militares en las muertes ocasionadas durante los operativos desarrollados. Además, ha señalado obstrucciones a las labores de investigación de la PDDH, por lo cual ha declarado violación a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por parte de autoridades policiales, fiscales y militares.
En consecuencia, de acuerdo a cada caso, el Procurador ha recomendado al Fiscal General de la República, el Director General de la PNC, el Ministro de Defensa y al Inspector General de Seguridad Pública, que realicen las investigaciones respectivas según sus competencias con el fin de esclarecer la verdad sobre los hechos. Igualmente, ha solicitado investigar las amenazas, desapariciones y homicidios contra testigos de los hechos y familiares de las personas fallecidas, y que se les brinde protección contra cualquier atentado o situación que pueda poner en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal.
A la vez, se ha recomendado mejorar los mecanismos de control interno dentro de la PNC y estandarizar los procedimientos del Instituto de Medicina Legal, especialmente en lo relacionado con levantamientos de cadáveres y autopsias.
Finalmente, el Procurador Morales recordó a las autoridades que se debe brindar al personal que participa en tareas de seguridad todos los recursos, equipo y condiciones de trabajo para minimizar los riesgos que enfrentan en sus tareas de combate a las estructuras de criminalidad organizada como las maras y pandillas, entre otras. Además, debe proporcionarles formación del más alto nivel para que las y los agentes de seguridad conozcan de forma exhaustiva los principios y normas para la legítima defensa y el uso de la fuerza letal.
No obstante, no deben permitirse abusos en la utilización de armas de fuego en ocasiones en que no es necesario, ya que trascienden la legítima defensa, quiebran principios básicos del Estado de Derecho, ponen en riesgo a población inocente que se encuentra en las zonas de los operativos de manera fortuita y producen daños irreparables. Una actitud permisiva ante ejecuciones y procedimientos arbitrarios por parte de instituciones como la PNC y la FAES únicamente debilitará más la confianza de la población para denunciar los hechos de violencia y delincuencia ante las autoridades públicas.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador