El pasado 19 de abril del año en curso, la Asamblea Legislativa del periodo 2009 – 2012, aprobó una reforma constitucional en la que se adicionaron los incisos dos y tres al artículo 69 de la Constitución de la República, con disposiciones orientadas a la protección y garantía del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua, atendiendo el llamado de la sociedad civil y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En el primer caso, expresamente se reconoce el derecho a una alimentación adecuada y la obligación del Estado de crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para los habitantes, así como una ley que regule la materia. De forma similar, en lo relativo al derecho al agua, se reconoció que el vital líquido «es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia».
En este contexto, es importante mencionar que desde el año 2008, en el ejercicio de su facultad constitucional de «Promover reformas ante los Órganos del Estado para el progreso de los Derechos Humanos», la PDDH acompañó a las organizaciones de la sociedad civil que forman parte del Foro del Agua en la presentación de una pieza de correspondencia con la propuesta para la reforma constitucional que permitiera el reconocimiento del derecho al agua, y ese mismo año presentó de motu propio la reforma constitucional para el reconocimiento del derecho a la alimentación y los pueblos indígenas.
No obstante, ante la falta de discusión de estas propuestas en el Seno Legislativo, el 8 de diciembre de 2011, la PDDH suscribió una nueva nota a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, para demandar que se iniciara una discusión urgente de las propuestas de reforma aquí relacionadas, a fin de que las mismas fueran trasladadas al Pleno Legislativo y se procediera a su aprobación por parte de la Legislatura del período 2009 – 2012, para luego ser ratificadas por Legislatura del período 2012 – 2015.
Si bien es cierto la redacción final de las reformas aprobadas no se ciñe a las propuestas realizadas; el reconocimiento de los derechos a una alimentación adecuada y al agua en el texto constitucional representa un hito importante para nuestro país, por lo que se esperaba se hubiera procedido a su ratificación de forma inmediata por la actual conformación de la Asamblea Legislativa, como una deuda pendiente con la población salvadoreña y como un tema que merecía una atención urgente, ya que se trata de derechos esenciales para la supervivencia del ser humano.
Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado obtener consenso entre las distintas fracciones legislativas para la ratificación de dichas reformas. Es por ello que en esta oportunidad consideramos necesario recordar a los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas que la obligación de legislar en materia del derecho a la alimentación y el derecho al agua -orientada a su plena realización-, es calificada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, como una obligación de efecto inmediato. En este sentido, cada Estado, por medio del Órgano Legislativo, debe promover, discutir, aprobar y ratificar la legislación con respecto a estos derechos.
Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, reafirmamos la importancia del precedente constitucional de reconocer dos derechos tan esenciales para la vida y para el desarrollo del país, e instamos a los señores diputados y señoras diputadas electas en la actual Legislatura a que ratifiquen las disposiciones aprobadas, en consonancia con los instrumentos y compromisos internacionales relativos a la alimentación adecuada y al derecho al agua que El Salvador ha suscrito.
Por otro lado, debemos señalar, tal y como lo hemos hecho en pronunciamientos anteriores, que en materia de recursos hídricos, continúa pendiente la aprobación de una Ley General de Agua, que a su vez dé paso a una Política Nacional de los Recursos Hídricos, a fin de garantizar una protección integral y efectiva de los mismos. Este proceso deberá tomar como base la actual reforma constitucional, y orientarse a consolidar una normativa actualizada que reduzca la dispersión y resuelva las contradicciones que presenta el marco jurídico vigente en materia de agua.
A la vez, tal y como lo evidencian los informes de la PDDH sobre el estado del derecho a una alimentación adecuada, publicados en 2007 y 2010, es imperioso que nuestro país cuente con una Ley Marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que desarrolle de manera amplia e integral los diferentes aspectos y componentes de este derecho, y que armonice la normativa existente que guarda relación con el cumplimiento del mismo. Es conocido que en la Asamblea Legislativa existen diversos anteproyectos de ley en este sentido, por lo que consideramos urgente que la Comisión de Agricultura inicie la discusión de dicha Ley, y que durante este proceso se fomente la participación de los distintos sectores de la sociedad involucrados en la temática.
En síntesis, tenemos la firme convicción de que es impostergable la necesidad de avanzar, como ya lo han hecho otros países de América Latina, en la consolidación de marco jurídico acorde con los compromisos internacionales que ha asumido el Estado en materia de derechos humanos. Pero a la vez debemos puntualizar que es importante tener conciencia de que tanto las reformas a la constitución, como la aprobación de la legislación secundaria -aunque fundamentales- constituyen únicamente dos pasos dentro de un proceso mucho más prolongado cuya meta es lograr que la población salvadoreña experimente en su realidad cotidiana una mejora sustancial en cuanto a salud, bienestar y oportunidades de desarrollo humano.
Por tal razón, reafirmamos nuestro llamado a los diputados y las diputadas que conforman la honorable Asamblea Legislativa a ratificar las reformas constitucionales a favor del derecho a la alimentación y el derecho al agua; y les exhortamos a realizar esfuerzos por avanzar en la aprobación de la legislación secundaria respectiva.
Al mismo tiempo, invitamos a los distintos sectores de la sociedad salvadoreña a continuar promoviendo y participando en este proceso, a fin de lograr que los acuerdos alcanzados formen parte de un pacto social amplio que sustente una estrategia de desarrollo centrada en las personas, en armonía con el medio ambiente y sostenible en el tiempo.
Finalmente, creemos que es conveniente recordar que la protección de la población salvadoreña frente al hambre, la desnutrición, la escasez y la contaminación del agua, deben ser abordadas como políticas de Estado, por lo que los acuerdos para su legislación deben ser fruto de un consenso nacional. Solamente de esta forma se garantizará la continuidad de esfuerzos de este tipo y su progresivo cumplimiento por medio de acciones que se basen en un respeto irrestricto de los derechos humanos.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador