Este año, el lema elegido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente es “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”.
En su mensaje y a partir del lema oficial,el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, señala que varios ecosistemas del planeta están llegando a un punto crítico de inflexión, por lo que es necesario que cambiemos, modificando nuestros hábitos, consumiendo bienes que utilicen menos energía, agua y otros recursos y disminuyendo el desperdicio de alimentos. Por lo que concluye en que debemos ser mejores custodios de nuestro planeta, más conscientes de nuestro impacto ecológico y pensar en las consecuencias que nuestras elecciones traen para el medio ambiente.
En esta celebración, comparto el mensaje del Secretario General, sobre la importancia de la concientización del impacto que la suma de nuestras acciones acarrean al medio ambiente del planeta, y que es necesario cambiar las formas de consumo insostenibles que hemos venido llevando a cabo.
Pero más allá de ver las consecuencias de nuestros actos, también debemos cuestionar las causas de ese consumo y producción desmedidos, que llevan a la contaminación y la degradación ambiental, aparejando al mismo tiempo afectaciones a la calidad de vida de las poblaciones y representando mayores obstáculos para la superación de la pobreza y las desigualdades, especialmente de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Dichas causas, no precisamente responden a la actuación de las ciudadanas y los ciudadanos comunes, sino a intereses económicos de empresas y corporaciones multinacionales enfocadas exclusivamente en la generación de riqueza. En este sentido, creo que es importante hablar de las responsabilidades conjuntas pero diferenciadas que en materia ambiental tenemos, tanto las personas individuales y en comunidad, como los gobiernos y las empresas.
Y es que si bien podemos generar cambios positivos a partir de nuestras acciones individuales y comunitarias, los mismos serán más significativos si las empresas establecen un compromiso con el respeto a los derechos humanos y a la integridad del medio ambiente, como órganos que integran las sociedades y que por tanto tienen responsabilidades con ellas. Y de igual forma, que los gobiernos se centren en la adopción y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades de sus poblaciones, para lograr una buena gestión ambiental, controlando la adecuada actuación de las empresas y las personas en el ámbito ambiental.
Asimismo, en esta fecha es inevitable no mencionar las preocupantes condiciones ambientales y de vulnerabilidad extrema del país, resaltando los problemas vinculados al agua, con un estado cercano al estrés hídrico e innumerables conflictos sociales surgidos a raíz de la escasez y falta de acceso al vital líquido.
Me resulta igualmente alarmante, que a pesar de esa realidad, la Asamblea Legislativa no ha ratificado la inclusión del derecho humano al agua en la Constitución de la República, ni ha aprobado una legislación moderna que regule la gestión integral de los bienes hídricos, con enfoque de derechos humanos y de cuenca. Ambos casos legislativos, han sido promovidos por organizaciones sociales y ambientalistas, contando con mi apoyo en la calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que ostento y en atención a las necesidades de la población salvadoreña; sin que a la fecha se haya tenido eco al interior del Órgano Legislativo. No obstante, espero que la actual legislatura (2015-2018) atiendan su deber constitucional en favor del bienestar de la población salvadoreña y agilice los procedimientos legislativos para que se reconozca y desarrolle el derecho humano al agua de las personas que habitan en el país, especialmente en favor de aquellas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Igualmente, es necesario que se regule en lo que respecta al derecho a la alimentación adecuada, la prohibición de la utilización de agrotóxicos dañinos para la salud y la prohibición de la minería metálica.
Todas las medidas legislativas requieren la complementación de la actuación del gobierno central, para que la implementación de políticas, proyectos y decisiones con impacto en materia ambiental, sea consecuente con la necesidad de proteger los bienes naturales que son necesarios para la vida y cuya afectación irreparable conlleva trasgresiones a los derechos humanos. Por lo que mega proyectos como las grandes represas hidroeléctricas, las urbanizaciones en zonas de recarga hídrica o de alto valor ambiental y la introducción de la industria minera metálica, no deben ser promovidos ni autorizados, al constituirse en opciones que por su misma naturaleza causan afectaciones a los derechos humanos y a los ecosistemas.
Para que esta fecha sea una verdadera celebración se requiere de un cambio de mentalidad y de prácticas no solo de las personas, sino de la lógica del mercado y de la forma de gobernar.
FUENTE: La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador