Para este año, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estableció el lema: «Piensa.Aliméntate.Ahorra», como parte de una campaña conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dirigida a los consumidores, los minoristas y la industria hotelera, orientada a reducir los desechos y las pérdidas de alimentos, en la que anima a que seamos testigos de cómo determinadas decisiones pueden disminuir el volumen de desechos, el impacto ambiental de la producción de alimentos y ahorrar dinero.[1]
En ese sentido el PNUMA destaca el hecho que la producción global de alimentos requiere de un enorme consumo de agua, produce deforestación y emisión de gases de efecto invernadero, por lo que se trata de una de las actividades que más producen pérdida de biodiversidad y cambios en el uso del suelo.
En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, comparto la vinculación realizada por Naciones Unidas respecto a los temas de protección ambiental y alimentación, y si bien coincido en la necesidad de promover cambios en la forma en la que la población consume y se informa de los impactos que sus acciones tienen en el ambiente y en la disponibilidad de alimentos, también considero importante señalar, que más allá se debe hablar de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas a nivel local y global.
Estoy convencido, que los cambios que se generan desde las acciones individuales pueden ir reproduciéndose hasta transformar las prácticas de una sociedad completa, pero existen prácticas y decisiones a nivel de Estados y de empresas en relación a la disponibilidad de alimentos, la contaminación y la degradación ambiental, que son determinantes para generar cambios definitivos en dichos temas y que requieren únicamente de voluntad política, compromiso social y una visión de país en la que se considere el bienestar de las presentes y futuras generaciones.
Por ello, puedo afirmar que es importante establecer los diferentes niveles de responsabilidad que los actores sociales ejercen, y tomar en cuenta el poder que se tiene para establecer cambios determinantes para la efectiva protección ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
De esta forma, centro este pronunciamiento en el Día Mundial del Medio Ambiente para referirme a dos aspectos de trascendental importancia y respecto a los cuales me he pronunciado en repetidas oportunidades, retomando las demandas de organizaciones sociales que integran tanto la Mesa Frente a la Minería Metálica, el Foro del Agua y la Mesa de Soberanía Alimentaria, y que si bien los casos que requieren atención son muchos más, por todas las implicaciones que estos conllevan en materia de derechos humanos y en los que a pesar del fuerte posicionamiento nacional e internacional, se continúa dilatando su abordaje por las instancias estatales competentes.
Así, en primer lugar, destaco como aspecto pendiente la ratificación de la reforma del artículo 69 de la Constitución de la República, relativa al reconocimiento de los derechos humanos a la alimentación y al agua, así como la pronta aprobación de los proyectos de Ley de Soberanía Alimentaria y Ley General de Agua, para garantizar de manera equitativa y justa el cumplimiento de aquéllos derechos. Tratándose las anteriores, de decisiones en manos del Órgano Legislativo que, además de responder a las necesidades básicas de la población salvadoreña, también se circunscriben a las obligaciones del Estado relativas al deber de legislar y de adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que habitan El Salvador.
En segundo lugar, me parece oportuno destacar nuevamente un problema de grave contaminación en el país que ya puede estar causando repercusiones para la integridad del medio ambiente, la alimentación adecuada y la salud de la población, entre otros problemas aun no visualizados, referida a la contaminación del Río San Sebastián, en el municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, a consecuencia de la explotación minera realizada décadas atrás, en la zona en la que la empresa Commerce Group pretendía continuar con la explotación minera metálica hasta el año 2006, cuando se le revocó el permiso ambiental otorgado, razón por la cual dicha multinacional demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una suma multimillonaria.
Durante el año 2008, en una visita realizada a la zona, personalmente constaté las serias condiciones en las que viven las poblaciones que habitan en los alrededores del Río San Sebastián, destacando en esa ocasión mi enorme preocupación y solicité se realizara los estudios que correspondiera para determinar la fuente de contaminación y las consecuencias producidas en la vida de las personas y al ambiente de lugar. Ante la falta de actuación diligente de las autoridades salvadoreñas, en octubre de 2011, di a conocer este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia temática.
Recientemente la Viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciada Lina Polh, reconoció públicamente que el Río San Sebastián está contaminado con drenaje ácido, reafirmando los resultados del monitoreo de calidad ambiental realizado en septiembre de 2012 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que comprueba la existencia de concentraciones de cianuro que sobrepasan los estándares internacionales de la calidad de agua para riego,[2] razón por la cual muestro mi especial preocupación.
En consecuencia, tomando en cuenta los aspectos antes mencionados, hago un urgente llamado:
A la Honorable Asamblea Legislativa y a los diferentes grupos parlamentarios representados en ella, para que alcancen un consenso y procedan a la ratificación de la reforma al artículo 69 de nuestra Constitución que reconoce los derechos humanos al agua y la alimentación, tomando en cuenta su vital importancia y que se trata, desde hace varios años, de una demanda de distintas organizaciones sociales y de esta misma Procuraduría.
Asimismo, insto a que se agilice el análisis y aprobación de los proyectos de Ley de Soberanía Alimentaria y de Ley General de Agua, para propiciar las condiciones legislativas que permitan el respeto y garantía de los derechos a la alimentación adecuada y al agua en El Salvador, que también responden a exigencias y propuestas surgidas desde la sociedad civil.
Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que atienda los graves problemas de contaminación que enfrenta el territorio salvadoreño, y en lo que respecta a la contaminación del Río San Sebastián, expreso mi total disconformidad por la retardación en la atención al mismo, ya que las acciones realizadas no responden a la emergencia que demanda el caso y no sugieren el inicio de un proceso de reparación de los daños causados y la atención integral de las comunidades afectadas, por lo que reitero mi posición por la adopción de medidas inmediatas para la reparar dichas afectaciones.
Finalmente, en esta fecha recuerdo que la atención de los temas relacionados al agua, la alimentación y el medio ambiente son fundamentales para que el país avance a la sustentabilidad y por tanto a la dignificación de la persona humana, por lo que invito a las organizaciones medioambientales y a la población en general a que se mantengan vigilantes del cumplimiento de las obligaciones estatales en lo relativo al respeto y garantía del derecho humano al medio ambiente.
San Salvador, 5 de junio de 2013
Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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[1] Confrontar enlace electrónico: http://www.unep.org/spanish/wed/theme/
[2] Confrontar enlace electrónico: http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=1527&Itemid=356, consultado el 26 de abril de 2013.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos