El Informe Especial sobre el Proyecto Minero «Cerro Blanco» y la potenciales Vulneraciones a los Derechos Humanos en la población salvadoreña, elaborado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fue presentado a actores claves, es decir a las y los honorables diputados, quienes de acuerdo al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, tienen una valiosa oportunidad de aprobar una ley que de manera explicita prohíba los proyectos mineros en El Salvador, teniendo a la base estudios y experiencias de contaminación como la registrada en el río San Sebastián en el oriente del país.
Las y los legisladores que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conocieron por parte de la Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente, Licda. Yanira Cortez, los posibles impactos a los derechos humanos de la población salvadoreña, en virtud del desarrollo del proyecto minero «Cerro Blanco», ubicado en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa en la República de Guatemala.
La licenciada Cortez, enfatizó a las y los legisladores que es previsible que el proyecto tenga efectos nocivos en las cuencas hidrográficas compartidas por Guatemala y El Salvador, en este último país el Río Lempa, del cual se suministra agua potable a un 37% de la población capitalina.
En la misma Comisión de trabajo legislativo, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Herman Rosa Chávez, presentó por medio de personal técnico un estudio que de igual forma advierte de riesgos de contaminación para cuencas hidrográficas. Él abogó por la aprobación de una propuesta de ley que presentó en conjunto con el Ministerio de Economía el año pasado.
El Procurador, Lic. Oscar Humberto Luna, aclaró que sobre este caso no se cuestiona o condena a nadie, sino que se trata de una voz de alerta de un proyecto que si puede afectar, en la que no se puede determinar el número de víctimas que puede haber al verse bajo la óptica de los derechos de tercera generación.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de la República de El Salvador