Nos estamos enfrentando a una situación irregular en la prestación del servicio de transporte público y se han escuchado algunas amenazas de suspensión del mismo, motivadas por una serie de operativos que la Policía Nacional Civil (PNC), por instrucciones del Viceministerio de Transporte, ha ejecutado respecto a revisión de licencias y demás documentación de las unidades del transporte público.
Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, debo reiterar mi llamado para que se respeten los derechos de la población usuaria del transporte, ya que ésta, con su aporte diario, contribuye al desarrollo económico y social del nuestro país; por lo que expreso mi más enérgica censura a todas aquellas acciones que afecten la movilización de las usuarias y los usuarios, incluyendo las acciones de algunos empresarios del transporte que no han sacado a circular este día a las unidades de transporte.
En el marco de mi mandato constitucional y legal, es mi deber mantenerme vigilante que el Estado salvadoreño resuelva de una vez por todas y de manera estructural una situación que a lo largo de todos estos años se ha mantenido en estado de anarquía e impunidad, lo cual ha repercutido en abusos y afectaciones graves a la gente más necesitada de El Salvador, que es la que hace uso del transporte público.
En ese sentido, hago un urgente llamado al Gobierno de la República para que tome las medidas necesarias, a fin de que no continúe afectando a la población salvadoreña que hace uso de este servicio público, asimismo, solicito al señor Presidente de la República, por medio de la Mesa Nacional del Transporte y por otros mecanismos de diálogo que establece la Ley, se diseñe en el más corto plazo las medidas encaminadas a una verdadera transformación integral del sector del transporte público de pasajeros, y no se siga dilatando estas acciones tan vitales para garantizar los derechos del sector usuario de este servicio.
Es importante mencionar que la concesión de un servicio estratégico como es el del transporte público no implica que las autoridades competentes se desliguen de sus responsabilidades de garantizar que el mismo se preste de manera continua, regular, uniforme, general y obligatoria por parte del que ha sido favorecido con dicha concesión.
Debo recordar que la situación actual del transporte requiere una serie de intervenciones en el orden de las políticas públicas, las cuales deben surgir del más amplio consenso intersectorial, poniendo siempre al centro de toda la discusión a la persona humana como el origen y el fin de toda la actividad del Estado, por ello, todas aquellas medidas que ya se han mencionado a nivel del clamor popular, incluyendo la posible nacionalización del transporte, requieren una amplia consulta y discusión bajo un interés de nación, pero antes y de manera inmediata se debe proteger el interés y los derechos de la población usuaria.
Como Procurador de Derechos Humanos entiendo que la naturaleza y complejidad de la problemática del transporte público demanda de todos los sectores y actores involucrados una actitud propositiva y responsable, que tome en cuenta que al final es el usuario quien paga los costos de un buen o mal servicio. Por ello, reitero mi llamado a que se genere un espacio de diálogo sincero entre todos lo sectores involucrados y con tal propósito, pongo a disposición la institución que dirijo para que, si se estima conveniente, sirva de sede y de medio para el entendimiento entre las partes interesadas.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.