Mensaje del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, en la presentación de resultados del «Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador».
Señoras y Señores:
El pasado martes 16 de octubre de 2012, alrededor de todo el mundo se celebró el Día Mundial de la Alimentación, y se conmemoró un nuevo aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), hemos considerado que este es el contexto propicio para presentar y compartir con ustedes uno de los principales frutos de nuestro esfuerzo en materia del derecho a una alimentación adecuada.
Conviene recordar que en 2007 y 2010 esta Procuraduría presentó los primeros dos informes sobre el estado del derecho a una alimentación adecuada en El Salvador, en los cuales se analizaron los factores y condiciones que inciden en el ejercicio pleno de este derecho dentro de la sociedad salvadoreña.
Además de ello, en ambos informes se realizaron distintas recomendaciones y propuestas al Estado salvadoreño en lo relativo a la conformación de un marco jurídico favor del derecho a la alimentación, y a la implementación de políticas públicas que garanticen que cada persona que habite en el territorio salvadoreño esté protegida contra el hambre y que pueda acceder − sin discriminación − a una alimentación suficiente, sana y digna.
En esta oportunidad, con el objetivo de dar continuidad a estos esfuerzos, tengo el agrado de presentar ante ustedes los resultados del Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador, para el cual hemos contando con la colaboración solidaria y generosa de Oxfam; y con el apoyo técnico de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (Fundación REDES) y de la licenciada Julia Evelyn Martínez, investigadora principal del estudio.
El propósito principal que perseguimos con este nuevo informe es ofrecer una visión general y actualizada sobre la evolución del derecho a la alimentación en el país, y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por esta Procuraduría. Cabe destacar en este punto, que como valor agregado, este tercer informe ha sido elaborado desde un enfoque de género y además intenta enmarcar la problemática en el contexto regional centroamericano.
Debo señalar que la presentación de este informe, se enmarca dentro de un trabajo más amplio que realiza la Procuraduría a favor del derecho a la alimentación. En los últimos años, con el apoyo de distintas organizaciones sociales, hemos desarrollado distintas acciones para incorporar en nuestra constitución, de forma explícita, este derecho y el derecho al agua. El pasado 19 de abril del año en curso, el país dio un paso sumamente importante cuando la honorable Asamblea Legislativa aprobó dichas reformas. No obstante, hasta el día de hoy, no se ha avanzado en la ratificación de las mismas.
De forma similar, hemos efectuado distintas acciones para promover la aprobación de una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y una Ley General de Agua, en las cuales se desarrolle el contenido de ambos derechos y se establezcan disposiciones orientadas su cumplimiento. Aunque dentro de la Asamblea Legislativa existen ya distintas propuestas en este sentido, no se observan avances significativos en su discusión.
Por otra parte, la Procuraduría también ha implementado acciones para incidir en las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Se ha mantenido un monitoreo periódico acerca de su evolución en la realidad salvadoreña y hemos hecho llamados al Estado para atender factores que afectan negativamente el cumplimiento derecho a la alimentación, como por ejemplo, los incrementos en los precios de los alimentos o los desastres socionaturales. Como institución hemos insistido también en la necesidad de fortalecer y brindar un mayor protagonismo al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).
Dentro de este marco, con la publicación del Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada queremos contribuir a reflejar una parte de la realidad de nuestro país y presentar propuestas para su abordaje. Tristemente, los resultados del informe nos permiten afirmar que, pese a algunos avances, la erradicación del hambre y pobreza en El Salvador siguen siendo metas lejanas. Como muestra de ello podemos mencionar que, de acuerdo a los datos de la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, de cada 100 hogares salvadoreños, 40 son pobres; y una tercera parte de la población de la zona urbana se encuentra subempleada. En la zona rural, solamente un 54% de los hogares cuentan con el servicio de agua por cañería. Estas cifras son sólo algunos ejemplos que reflejan las condiciones de precariedad en las que se desenvuelven una gran cantidad de familias salvadoreñas.
Como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en reiteradas ocasiones hemos manifestado que es necesario construir un nuevo modelo de desarrollo. Los resultados de esta investigación reafirman nuestra posición y nos impulsan a reforzar ese llamado. La visión de nuestra institución es que un modelo diferente debe enmarcarse en un enfoque de derecho, y requiere una mayor orientación hacia las personas, principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad.
En América Latina se ha intentado implementar distintos modelos de desarrollo, pero la tendencia general ha sido poner un mayor énfasis en las variables económicas que en las variables sociales. En El Salvador, el modelo de desarrollo implementado durante fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, se ha basado en dos confusiones fundamentales que situaron a las personas y a las variables sociales en un segundo plano. La primera de estas confusiones, fue la que equiparó desarrollo a generación de riqueza o crecimiento económico, mientras que la segunda fue la que dedujo de la inoperancia del Estado, su inviabilidad como agente promotor del desarrollo.
De estas dos ideas se nutrió la visión de que la atención debía situarse en las condiciones del mercado, y que las políticas principales deberían estar orientadas a la apertura comercial, la promoción de las exportaciones, la reducción del Estado, las privatizaciones y la desregulación, entre otras. No obstante, la experiencia histórica, y la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdad evidencian las falencias de esta concepción.
Ante esto, nuestra institución aboga por lograr una armonía entre derechos humanos y desarrollo. Para ello, es necesario que cualquier modelo que se implemente tenga su fundamento, y sea coherente, con los principios de derechos humanos. A nuestro juicio, hasta el momento en el país no se ha logrado reconocer el enorme potencial que tiene el enfoque de derechos humanos como herramienta para asegurar que en el centro del desarrollo se ubique a las personas, ni se ha dimensionado justamente su valor como garante de la efectividad de las políticas públicas.
Somos conscientes de que el mundo enfrenta, hoy por hoy, distintos desafíos en un contexto donde reina la incertidumbre. Las dificultades económicas, políticas y sociales del entorno nacional e internacional, indudablemente han condicionado y seguirán condicionando las posibilidades del Estado salvadoreño en el trabajo por construir un mejor país y por garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. No obstante, la responsabilidad de cumplir progresivamente con los compromisos adoptados es ineludible e impostergable, aún en momentos de crisis como los que el país ha enfrentado en los últimos años.
Normalmente se suele hacer énfasis en que las dificultades económicas del país o sus limitaciones como país subdesarrollado dificultan el cumplimiento de derechos como el derecho a la alimentación, el derecho a seguridad social o el derecho a la salud. Esta afirmación, aunque es razonable, tiende a ocultar el hecho de que algunos países han logrado mejorar considerablemente las condiciones de vida de su población, aún sin contar con los recursos que tienen las naciones más ricas del mundo. No obstante, todavía más preocupante que eso es el hecho de que esta creencia promueve la idea de que el logro de los derechos humanos debe ser un resultado del crecimiento económico, y no su fundamento.
Hoy por hoy, son bien conocidas las graves consecuencias que tiene la desatención de los derechos humanos en el desarrollo de una nación. El incumplimiento del derecho a la alimentación y el derecho a la educación limitan –de forma muchas veces irreversible-, las posibilidades de crecimiento de la población más joven. De igual forma, las violaciones al derecho al trabajo y al derecho a un nivel de vida adecuado dificultan a la población adulta desarrollar todo su potencial creativo y productivo, y ofrecer a sus descendientes una vida plena en oportunidades.
Es por ello que en el contexto actual, en un mundo en el cual se agotan los recursos naturales, las posibilidades de crecimiento económico y de desarrollo dependen cada vez más de las capacidades y del bienestar de las personas. En ese sentido, es irreal pretender esperar a una bonanza económica para invertir más en la gente. La pobreza y la desigualdad continúan siendo los principales obstáculos para que nuestro país avance de forma contundente hacia mejores niveles de desarrollo humano y, por lo tanto, deben ser atendidas de forma integral.
La persistencia de estos fenómenos, no deben provocar, como lo han hecho antes, actitudes de resignación, indolencia o desinterés. Más bien deben generar un espacio de reflexión y autocrítica entre los distintos sectores de la sociedad salvadoreña, para evaluar nuestro desempeño como nación en la lucha contra los mismos.
Es innegable que la situación actual del país nos obliga a establecer prioridades y a comportarnos con austeridad. Pero esto en modo alguno implica dejar de invertir en los derechos fundamentales de la población. Más bien deben ser los sectores más afortunados de la sociedad quienes deben solidarizarse con el país.
Es absolutamente necesario avanzar en la discusión de un proyecto de nación, dentro del cual el derecho a la alimentación debe guardar una posición estratégica. La generación de un consenso nacional en materia fiscal y social, con políticas de Estado claras, coherentes y transparentes; debe servir como punto de partida para la construcción de un país más justo y que avance con paso firme hacia la generación de mejores condiciones de vida para sus habitantes.
Una meta como esta implica ir mucho más allá de la implementación de acciones de carácter asistencialista y bajo una visión de corto plazo. La lucha contra el hambre, contra la desnutrición y contra la pobreza no puede estar sujeta a los vaivenes políticos y electorales. Nuestro llamado como institución es entonces a promover la solidaridad y la cohesión social. Nuestro llamado es también a situar el énfasis en la generación de capacidades y oportunidades para que la población pueda acceder a un nivel de vida digno.
En este sentido, quiero despedirme haciendo referencia a lo expresado por Monseñor Óscar Arnulfo Romero en su Homilía del 24 de febrero de 1980, cuando exactamente un mes antes de su muerte, manifestaba que es necesario que organicemos «la conversión de los corazones. Que sepan unos y otros vivir la austeridad del desierto, que sepan saborear la redención fuerte de la cruz; que no hay alegría más grande que ganarse el pan con el sudor de la frente y que no hay, tampoco, pecado más diabólico que quitarle el pan al que tiene hambre».
Les agradezco por su atención y por su acompañamiento en este importante evento. Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, me siento honrado de contar con su presencia y tengo la firme convicción de que los resultados de este esfuerzo investigativo y el diálogo que entablemos a partir de los mismos, será importante en nuestra misión de construir un mejor El Salvador.
Les invito entonces a que afrontemos estos tiempos adversos bajo una visión de país compartida por todos y todas.
Muchas gracias.
FUENTE: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador