En el “caso jesuitas”:
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, y el Rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), padre Andreu Oliva s.j., solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que conceda la extradición requerida por el Reino de España, para que en ese país sean procesados y juzgados los autores materiales e intelectuales del asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrido en noviembre de 1989, al interior del campus universitario.
La solicitud fue presentada este miércoles, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, bajo la figura delamicus curiae.
“Tenemos el convencimiento, tal y como lo han reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otros órganos internacionales sobre la materia, que la ejecución extrajudicial de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras es tanto un crimen de lesa humanidad como un crimen de guerra, y este tipo de crímenes no deben quedar en la impunidad” expresó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, al mismo tiempo sostuvo que “El Salvador se ha caracterizado, desde el momento de los hechos, por garantizar impunidad a los perpetradores de este indignante crimen”.
Por su parte el Rector de la UCA, destacó que les mueve “el firme deseo por conocer la verdad de lo sucedido, lo que ha sido negado durante tantos años y tras una estrategia de impunidad que ha surgido y se ha implementado desde el Estado, y a la cual el Órgano Judicial, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, ha contribuido en el pasado. Ahora se abre una nueva luz en el camino hacia la justicia, y la fuerza ética de la fe y de la certeza de que hacemos lo correcto frente al asesinato de nuestros hermanos, es lo que nos anima a seguir”.
De conformidad con el escrito presentado los asesinatos son crímenes de lesa humanidad cuando tienen lugar en el contexto de un ataque generalizado y sistemático hacia la población civil, como el que se desplegó en noviembre de 1989 por las fuerzas armadas en diferentes zonas urbanas de San Salvador; por otra parte, los asesinatos son crímenes de guerra cuando en el contexto de un conflicto armado interno, como el vivido por El Salvador en la década de los 80s, estos son realizados por cualquiera de las partes en conflicto sobre la población civil no involucrada con las hostilidades, como era el caso de los sacerdotes y sus colaboradoras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en el año 2000 que el Estado salvadoreño, por medio de la actuación de algunas de sus estructuras militares, incluyendo el alto mando existente al momento de los hechos era el responsable por la ejecución extrajudicial de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, y pidió a El Salvador que evitara toda forma de impunidad de esos hechos, que anulara los efectos de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que facilitara el conocimiento de la verdad por la vía jurisdiccional, y que desplegara medidas de reparación para las víctimas directas e indirectas de dicha masacre, reconociendo también que la UCA como comunidad académica era, conjuntamente con el resto de la sociedad salvadoreña, titular del derecho a conocer la verdad y a recibir reparaciones por el asesinato.
El Procurador fue enfático al señalar que la impunidad de los crímenes del presente y de los que sucedieron en el conflicto armado es una parte muy importante que explica la excesiva violencia que vive El Salvador. “Siempre he estado del lado de las víctimas, de las de los crímenes de la guerra y de las de los crímenes que azotan nuestro día a día, y para todas ellas siempre he pedido lo mismo: el fin de toda forma de impunidad”.
“Es una oportunidad que tiene la Corte Suprema de Justicia para mostrar su talante y compromiso ético con la justicia” afirmó el padre Oliva, evidenciando el deseo de la Universidad que representa por el conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido.
La figura del amicus curiae proviene del antiguo derecho romano y es utilizado en la actualidad en diferentes espacios judiciales para permitir que sujetos que no son parte de un litigio puedan expresar sus opiniones sobre la importancia de resolver en un determinado sentido los casos que convocan el interés de la colectividad.
FUENTE: Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador