El Procurador de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los más de 46.000 niños procedentes de Centroamérica y mexico detenidos en EE.UU. Debido a la crisis originada por el arresto de 300 de ellos en el Sur de Texas y Arizona, el licenciado David Ernesto Morales Cruz ha querido recordar también la especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los menores y los peligros añadidos en una ruta frecuentada por la delincuencia.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz, ante la situación de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos, que viajan como migrantes no acompañados hacia el norte continental, particularmente la crisis humanitaria generada por la detención migratoria de más de 300 niños y niñas expresó «su profunda preocupación por las condiciones de vulnerabilidad y los peligros extremos que enfrenta la población salvadoreña y centroamericana migrante en movilidad migratoria irregular hacia los Estados Unidos de América».
En el comunicado hecho público por la Institución del Procurador se explica que el tránsito de esta travesía se ve aumentado en su peligrosidad por las acciones del crimen organizado en las rutas de paso -particularmente por los cárteles de la droga y las redes de trata y tráfico de personas- cuyos integrantes infligen delitos graves contra cientos de personas migrantes tales como homicidios, graves sufrimientos físicos y psicológicos, desapariciones, secuestros, extorsiones, tráfico de órganos y sometimiento a la trata en sus variedades de explotación sexual o laboral. Las personas más vulnerables ante este tipo de delitos atroces son los niños, niñas y adolescentes (especialmente no acompañados), así como las mujeres.
La CIDH ha expresado, también, que más de 46, 000 niños, niñas y adolescentes no acompañados procedentes de Centroamérica y México, han sido detenidos durante el presente año en los Estados Unidos de América (EUA) por razones migratorias. En el caso de El Salvador, al menos 4,834 niños y niñas habrían sido deportados por la misma razón desde México y los Estados Unidos, durante los años 2012, 2013 y lo que va de 2014.
En este sentido, desde la institución del Ombudsman recuerdan que los países de tránsito y destino en esta ruta migratoria, en acuerdo con los países centroamericanos, han diseñado protocolos de trato especial para los niños y niñas, así como mecanismos para humanizar su retención administrativa previa a la deportación; sin embargo, tales acciones no evitan que ante la situación de incremento en el flujo de niños y niñas migrantes, las capacidades de los albergues se vean sobrepasadas, generándose períodos prolongados de retención, en desmedro de sus derechos humanos y la cobertura de todas sus necesidades básicas».
Por eso no quiere dejar pasar que «si bien existen muchos factores que inciden en la migración de población salvadoreña por vía irregular, entre ellos la búsqueda de mejores condiciones de vida y la violencia, resulta innegable que el factor de la reunificación familiar ha cobrado fuerza como causa de la migración de niños, niñas y adolescentes que viajan no acompañados, dado que somos un país con casi la tercera parte de su población residiendo en el exterior y mayoritariamente en los Estados Unidos de América».
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos reconoce también las acciones del Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador que «se han difundido públicamente, pues estas autoridades otorgan prioridad a la aplicación de la protección consular necesaria, en orden a garantizar que los niños y niñas salvadoreños detenidos cuenten con las condiciones aceptables de acuerdo a sus necesidades específicas»; asimismo, aplaudió que se hayan pronunciado a favor de privilegiar la reunificación con sus familiares, la cual no debería verse afectada por el estatus migratorio de sus padres o familiares inmediatos.
A tenor de lo anterior, el Procurador insta a tales autoridades a continuar con sus acciones en este sentido; «no obstante, igualmente les exhorto a impulsar, junto a los restantes Órganos e instituciones competentes, el desarrollo de las capacidades presupuestarias y técnicas de los sistemas de protección a las personas migrantes y sus familias (CONMIGRANTES) y de protección a la niñez y la adolescencia (CONNA e ISNA)», indicó , «dada su alta relevancia para prevenir el incremento del movimiento migratorio irregular de niños, niñas y adolescentes, así como construir oportunidades de protección y reinserción social y económica en nuestro territorio para esta población retornada».
Por eso, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ha abogado ante las autoridades de los Estados Unidos de América para que, en el marco de su legislación vigente, cada caso sea valorado por las autoridades migratorias competentes, de las cuales espera «tengan en consideración prioritaria los principios universales del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el principio y derecho de no devolución y el inderogable derecho de mantener sus relaciones familiares, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, entre otros relevantes instrumentos internacionales aplicables en esta materia».
Finalmente, el Ombudsman ha indicado a través del comunicado que «lamentaría profundamente una eventual adopción de medidas extraordinarias que promuevan la deportación automática o generalizada de los niños, niñas y adolescentes, actualmente en situación de detención migratoria, basada en criterios administrativos o de seguridad nacional antes que en los principios fundamentales de protección a la niñez antes referidos».
FUENTE: Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos de El Salvador